«Las tomas de tierra forman parte de un proceso de urbanización popular»

Entrevista a Lucas Dombroski, investigador del Instituto del Conurbano de la Universidad de General Sarmiento.

Las tomas de tierras se inscriben en «un proceso de urbanización popular y progresiva, aunque no coincida con lo que tradicionalmente se supone que debe ser»: así lo entiende Lucas Dombroski, becario del Conicet que, desde el Instituto del Conurbano de la Universidad General Sarmiento, se dedica a investigar la cuestión de los asentamientos en el borde metropolitano bonaerense. En su caracterización, las ocupaciones son, desde hace cuarenta años, el paso inicial en procesos mediante los cuales sectores populares, a partir de su propio compromiso y sostenidos por una red de organizaciones comunitarias, movimientos políticos y autoridades municipales, han logrado el acceso a viviendas legítimas y dignas.

Esta nota se enmarca en la última toma, producida a partir de julio en la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón, donde 2500 familias ocupan un predio de 100 hectáreas que se hallaba abandonado. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata ordenó el desalojo colectivo, que está previsto para el 23, el 24 y el 25 de septiembre.

La toma de Guernica (Foto: Infocielo)

La entrevista que presentamos puede leerse como un amplio informe sobre la historia y la actualidad de los asentamientos en el conurbano bonaerense. Dombroski explica cómo, muchas veces, los loteos informales que abren camino a la toma han sido organizados por los mismos propietarios de tierras, que, «flojos de títulos y de papeles, practican un juego de máscaras» donde hoy propician el loteo ilegal y mañana se quejan de la supuesta usurpación con la que lucraron. También existen –advierte el investigador del Conicet– los loteos ilegales generados por el crimen organizado, y éstos se distinguen por generar conglomerados laberínticos, sin espacios libres, cuyo difícil acceso les garantice el ulterior dominio del territorio.

Las tomas nacidas de la comunidad, en cambio, desde el primer momento se rigen por la aspiración a tener, algún día, un barrio de casitas bajas como los de sus vecinos más afortunados, que en muchos casos empezaron siendo tomas de tierra.

Y Dombroski puntualiza que los barrios privados no son más legítimos, ya que suelen construirse sobre humedales no aptos para la urbanización. Su principal diferencia con las tomas de los pobres es que el poder de lobby de las empresas desarrolladoras logra que las normas de uso de la tierra se reorienten rápidamente en provecho de los countries.

–¿Cómo se generaron históricamente los asentamientos poblacionales en el conurbano bonaerense?

–Las tomas se inician a principios de la década de 1980 a partir de políticas que la última dictadura cívico-militar implementó tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia. En la ciudad, el intendente Osvaldo Cacciatore aplicó la política de erradicar las villas. El gobierno militar demolió las villas, salvo algunas más consolidadas como la 31 donde no pudieron hacerlo por completo. Se cargaba la gente en Unimogs y los largaban en descampados de la periferia del área metropolitana. Ya antes, en la dictadura que empezó en 1966, se desalojaban las villas de la ciudad pero se procuraba ubicar a sus habitantes en «núcleos habitacionales transitorios», en el conurbano, muchos de los cuales se convirtieron en villas. Pero la última dictadura expulsó a la población sin ninguna política de radicación.

Además, la intendencia de Cacciatore impulsó la construcción de autopistas, lo cual implicaba la demolición de manzanas enteras consolidades. Las indemnizaciones tardaban mucho en resolverse y muchas familias de clase media o media baja fueron desplazadas sin alternativa. El gobierno militar también derogó y sustituyó la ley que congelaba los alquileres. Todo esto generó un flujo migratorio importante hacia el conurbano bonaerense.

–Y en la provincia de Buenos Aires, ¿qué medidas desencadenaron las tomas de tierras?

–La dictadura sancionó el decreto-ley 8912, de 1977, que reguló el ordenamiento del territorio y usos del suelo. Hasta entonces, muchas cuestiones se definían a nivel local: los municipios habilitaban los lugares que se podían lotear y los que no. Esta ley pone a cargo del gobierno de la provincia determinar si un predio es de tipo rural o urbano, requiere que todos los loteos incluyan servicios de energía y de saneamiento a cargo del loteador, impone la contratación de un arquitecto, una serie de requisitos que incrementaron los costos y desincentivaron los llamados «loteos baratos», que desde principios del siglo XX facilitaban, permitían el pago en cuotas y la construcción progresiva de la vivienda por los mismos propietarios, a veces sin los servicios, que después eran provistos por el municipio o financiados por los mismos vecinos. Todo esto se corta con esa ley provincial, aunque hubo un remanente de loteos ya aprobados que perduró hasta los años 80 y 90. Además la ley promueve las urbanizaciones en barrios cerrados o countries. Ya era habitual que las clases medias acomodadas tuvieran casas de fin de semana: esto empezó a convertirse en grandes urbanizaciones cerradas y como lugar de residencia permanente. Los barrios cerrados son grandes competidores en el consumo de suelo urbano en la periferia, y los precios del suelo aumentaron en los lugares mejor vinculados con el centro por autopistas. Todos estos factores se vinculan con el origen de los asentamientos.

Nordelta

–¿Cómo empezaron, quiénes los encabezaron?

–Empezaron en el sur del conurbano, con foco en el municipio de Quilmes. Era el área de influencia del obispado de Quilmes, a cargo entonces de Jorge Novak. La Iglesia católica participó desde sus organizaciones de base y en el marco de una larga tradición de curas villeros en Buenos Aires. No hay que olvidar que la política estuvo proscripta durante la dictadura y el lugar de la organización partidaria fue suplido por organizaciones sociales como la Iglesia católica. Y, ya en democracia, el municipio de Quilmes eligió acompañar estos procesos en lugar de reprimirlos. Inés Izaguirre y Zulema Aristizábal e Izaguirre, en un trabajo de 1988 («Las tomas de tierras en la zona sur del Gran Buenos Aires: un ejercicio de formación de poder en el campo popular»), destacan que esa organización comunitaria ligada a la Iglesia fue fundamental para que estos barrios hayan avanzado de un modo diferente a como se daban originalmente las villas. Los asentamientos trataron de imitar el barrio formal de la periferia, con el trazado de calles en cuadrícula, las manzanas en cuadrados o rectángulos, los lotes de 10 metros de frente. Los sectores populares procuraron imitar esa trama urbana que es distinta de la trama de las villas, con calles muy estrechas y pasillos intrincados en configuraciones parecidas a las ciudades de la Edad Media.

–¿Cómo se extendieron las tomas de tierras en el conurbano?

–Todavía en los 80, el proceso se ramificó en municipios como La Matanza. Persistían esas formas de organización vecinal y una vinculación con el afuera donde los vecinos se presentaban como apartidarios o apolíticos, en gran medida porque veníamos de una dictadura militar muy represiva. A principios de los 90, con la vuelta del peronismo al poder en la provincia de Buenos Aires, se llegó a una vinculación más estrecha entre organizaciones vecinales y los gobiernos locales y el provincial. Algunos intendentes tomaron como propia la decisión de acompañar este proceso de urbanización popular y progresiva, que no coincide con lo que tradicionalmente se supone. Otros no. En Merlo, el intendente Raúl Othacehé reprimió las tomas, incluso participando personalmente en los operativos. Hubo muy pocas ocupaciones en ese municipio. A veces la represión o la falta de apoyo desde el municipio se vinculan con cuestiones coyunturales entre el intendente y partidos o movimientos políticos que forman parte de las organizaciones comunitarias que promueven la toma. A veces son movimientos políticos de signo diferente al del gobernante y se genera una disputa. A veces se piensan estas organizaciones y movimientos políticos como si fueran algo exterior al barrio, cuando la realidad es que muchas personas del barrio forman parte de ellos. Los que forman parte de las ocupaciones también tienen ideología y algunos referentes comunitarios de manzana o barriales se convierten en referentes políticos.

–¿Cómo se organizaban los vecinos para las tomas?

–He trabajado directamente en asentamientos de José C. Paz, de Moreno, y puedo decir en cada lugar hay diferencias, según variables como la extensión del asentamiento y la diversa articulación con organizaciones sociales y políticas. En las tomas suele designarse un referente por cada manzana, un representante barrial y a veces representantes comunitarios. Ellos deciden sobre cuestiones interbarriales o barriales, en asuntos de espacio público que se empiezan a armar en los barrios y cuestiones de edificación. Muchas veces los habitantes mismos participan en la construcción de distintas viviendas, un fin de semana uno, otro fin de semana el otro. En algunos lugares se constituyeron cooperativas de trabajo orientadas a la regularización del barrio y a la provisión de servicios. Varios autores investigaron esta especie de institucionalización de las tomas. También los gremios de trabajadores formaron parte y habilitaron la construcción de barrios en predios que pertenecían a los sindicatos. Se habilitaron ocupaciones sobre predios fiscales y en predios privados. Especialmente en algunos municipios de la zona sur se dieron loteos con servicios provistos por el municipio, y las personas construían sus viviendas en forma progresiva. Esto persiste hasta el día de hoy. También en el oeste, el municipio de Moreno reservó tierras municipales para ofrecer lotes con servicios. Las ocupaciones también se vinculaban  con las políticas públicas de vivienda. Los planes federales de vivienda se apoyaron en la idea de reactivar la economía del país a partir de la obra pública orientada a los sectores más pobres, que requiere mucha mano de obra. Algunas familias accedieron a planes de vivienda en la periferia, otras no, y en muchos casos hubo ocupaciones en las áreas donde se armaban estos barrios, a fin de presionar para ser adjudicatarios de las viviendas que se construían.

–¿Las ocupaciones crecieron sostenidamente?

–No, no. Desde fines de los 90 hasta principios de 2003 las ocupaciones decrecieron, si bien los barrios ya existentes se diversificaron y extendieron. Esto se vincula con que las expectativas de crecimiento económico de los sectores populares habían bajado. Una toma implica un importante gasto de recursos, que debe ser solventado de manera comunitaria o individual; requiere mucho esfuerzo y dinero. Desde 2003 las tomas vuelven a crecer, sobre todo porque la reactivación económica facilitó la migración desde las provincias del norte y desde países como Perú, Bolivia y sobre todo Paraguay. La mayor parte de esta población trabajaba de manera informal y difícilmente podía acceder a un alquiler o loteo formal. Ya hacia fines del gobierno peronista, entre 2011 y 2015, las medidas se orientaron más bien a las clases medias y medias bajas, especialmente con el plan Procrear. En 2013 se sancionó la Ley 14.449, de acceso justo al hábitat, que procuraba dar respuesta a los problemas que empezaron con la 8912. Si aquella decía cómo debía ser la ciudad, esta trataba de comprender cómo se hace la ciudad, cómo los sectores populares construyen barrios y pueden acceder al suelo, creando herramientas para regularizar los barrios y habilitar nuevos loteos.

–¿Y en los últimos años?

–Desde 2016, muchas políticas vinculadas con los sectores populares se desarticularon. Los planes federales en construcción se paralizaron y muy pocos se terminaron, muchas veces a partir de esfuerzos de los municipios que tenían recursos para hacerlo. Un caso emblemático fue el de José C. Paz, donde hubo una toma de viviendas cuya construcción se había paralizado aunque estaban a punto de terminarse, y hubo una toma por vecinos que les sacaban las tejas o las ventanas. Los créditos hipotecarios orientados a la clase media y media baja resultaron sólo un negocio para los bancos, y no abordaban las cuestiones de fondo, referidas al acceso al suelo de los sectores populares. Los planes federales muchas veces ofrecen viviendas alejadas de las áreas de centralidad, y los adjudicatarios venden su unidad porque no pueden sostener una vida tan alejada de la que ya tenían armada. Con el actual gobierno, se resolvieron problemas específicos de personas que tenían créditos hipotecarios pero no se está avanzando en la cuestión de fondo.

–¿En cuanto a las tomas más recientes?

–Desde 2010, las nuevas tecnologías, las redes sociales, facilitaron la constitución de muchos loteos informales, con más relevancia en la última década. En muchos casos la participación en la toma implica la compra de un lote por un precio que es casi un peaje para formar parte de la ocupación, ya que no hay ninguna garantía por detrás de la venta. Los compradores, que accedieron a ese pedazo de suelo a partir de un pago a alguien que llegó primero, son los que deben resistir los posibles desalojos. Pero estos loteos pueden concretarse en distintas formas: está el simple loteo informal y lo que se ha denominado «loteo pirata» en la bibliografía sobre el tema, que es creciente porque esto se desarrolla en toda América latina. En el loteo informal, un ocupante, además del lote en el que va a radicar a su familia, ocupa el terreno de al lado y lo vende, a precios muy accesibles. Pero también hay loteos fraudulentos, piratas, efectuados por los mismos propietarios o cuidadores del predio. En esos bordes muchas propiedades están flojas de papeles o deben impuestos, o tienen cuidadores o personas que han vivido allí quizá por varias generaciones pero sin la titularidad. El cuidador o propietario de hecho no puede urbanizar ese lugar, que quizá no tiene calificación como suelo urbano; tampoco tiene el poder de custodia, y sabe que el gobierno municipal tampoco lo puede garantizar: entonces promueve, desde terceros, la ocupación del predio. A veces se pacta un precio con los que vienen y, después de la ocupación, el dueño le reclama al municipio la expropiación. En todo caso hay un juego de máscaras: el dueño se presenta como víctima de la ocupación que él mismo procuró.

–En uno de sus trabajos publicados («Asentamientos en el borde metropolitano. Avances de investigación, reflexiones y preguntas»), usted menciona, en ciertos casos de ocupaciones, la presencia del crimen organizado.

–Así es. Los casos de loteos informales que mencioné se diferencian de los casos donde intervienen organizaciones criminales. Y los resultados son muy distintos. Estas organizaciones lotean casi toda la superficie dejando pocos espacios para equipamientos como escuelas y guarderías, calles y plazas. En la medida en que los loteos sean más irregulares, con menos accesibilidad y menos espacios públicos, habrá menos presencia del Estado y de organizaciones sociales y comunitarias y se les facilitará a las organizaciones criminales tener un territorio cautivo. Generalmente están vinculadas con el narcotráfico, en algunos casos con el tráfico de armas y la trata de personas. En estos barrios hay muchos migrantes indocumentados o no registrados, y estas organizaciones están en conflicto o en complicidad con las fuerzas de seguridad. Tratan de dificultar la organización comunitaria vecinal y la organización política. Algunas organizaciones sociales que participaban en los procesos de regularización tuvieron que retirarse cuando las organizaciones criminales tomaron estos barrios. Y las organizaciones vecinales no pueden evitar en sus reuniones la presencia de integrantes de la organización criminal. Estas organizaciones tienen cada vez más preeminencia en la Argentina, como sucede a nivel latinoamericano, y se proponen como promotores inmobiliarios informales: además de ocupar un predio y lotearlo, construyen y venden viviendas en las parcelas.

–Entonces, un modo efectivo de luchar contra el delito organizado sería proteger y alentar en estos barrios la presencia de organizaciones vecinales, sociales y políticas.

–Así es. Hay municipios que tienen políticas de relación con las organizaciones sociales y comunitarias, facilitando que el barrio se construya de manera regular: dejemos libre este espacio para una escuela o una plaza; traten de preservar una calle de este ancho porque va a ser importante. A veces los mismos vecinos construyen centros comunitarios multifunción: una guardería, una escuela pero también talleres de repostería o costura, para capacitar a las mujeres que no pueden salir del barrio. Los vecinos promueven, no sólo los equipamientos más tradicionales como escuelas o centros de salud, sino un abanico de alternativas: viviendas que se adaptan para talleres de ocupación popular; así lo barrial organizativo se establece de manera permanente.

–¿Qué destacaría de la situación más reciente en materia de tomas?

–En los últimos años las tomas de tierra se concentraron en áreas como José C. Paz y Moreno, La Matanza y, en el sur, Almirante Brown y Florencio Varela. El caso de Guernica, también en la zona sur, está en continuidad con las tomas en Brown y Varela. En estos territorios hay importantes sectores populares con necesidades habitacionales, funcionan organizaciones vecinales y comunitarias, y son áreas donde hay poca presión del mercado inmobiliario formal. Los barrios cerrados prevalecen más bien en áreas de zona norte, vinculadas por autopistas, donde hay mucha presión del mercado inmobiliario formal y no suelen darse tomas. La reciente toma en Victoria, en predios del ferrocarril, es diferente: es un lugar mucho más chico y se parece a lo que podría suceder en la capital o el primer cordón, donde las ocupaciones se limitan a intersticios muy pequeños de suelo desocupado, en sitios donde las villas ya se han densificado mucho, a veces ya con edificios en altura y un mercado informal de alquileres. Tampoco hay muchas tomas en la zona que va hacia Ezeiza, que tiene muy buena accesibilidad por la autopista Ricchieri y se presta a barrios cerrados.

–¿Y este último año?

–En lo que va de este año, de acuerdo con un relevamiento del Instituto del Conurbano de la Universidad de General Sarmiento, fueron ocupadas mil hectáreas de suelo. En los últimos tiempos en La Matanza hubo tomas de gran envergadura, que no tuvieron la misma visibilidad que el caso de Guernica. Me parece que éste tomó más repercusión porque se relacionó con lo ocurrido en Bariloche y lago Mascardi, donde hay otros intereses vinculados a grandes propietarios. Pero el último año fue muy fuerte en ocupaciones más grandes que la de ahora en Guernica. Siempre se trata de suelos degradados, inundables, en algunos casos son cavas que se formaron a partir de extracciones de suelo arcilloso para fabricación de ladrillos; al ser inundables, estas áreas son también improductivas para la actividad agrícola.

–¿Cómo encaran el hecho de que se trata de terreno inundable?

–En el mejor de los casos, se resuelve por la conjunción del trabajo de las organizaciones comunitarias con la municipalidad: el municipio trae la maquinaria para rellenar las cavas, abre calles, así el barrio no se va a inundar. Y, de manera progresiva, irá recibiendo los servicios. Pero puede haber otras tomas, incluso en áreas aledañas, que desborden estas capacidades. Por otra parte, las construcciones irregulares o informales no son exclusivas de los sectores populares: los barrios cerrados suelen erigirse sobre humedales, áreas inundables, porque allí el suelo tiene un valor mucho más bajo; no están en áreas de tipo urbano. La mayoría de los barrios cerrados se dan por debajo de la cota de inundación, y las grandes desarrolladoras urbanas llevan la maquinaria para «polderizar» el suelo: alzan una parte del terreno y bajan la otra, formando áreas más altas y lagunas. Así es en Nordelta y en general en los barrios de la cuenca del río Luján y el Reconquista, que desde 2004 en adelante tuvieron un desarrollo muy fuerte. Las grandes desarrolladoras, que en el área metropolitana no son más que dos, logran que los municipios habiliten el espacio para barrios cerrados, adaptando las normativas ad hoc. Los informes de impacto ambiental no terminan de hacerse, la habilitación no existe pero el barrio se hace de facto y la habilitación se consigue después, gracias al poder de lobby sobre los gobiernos municipales y provincial. La diferencia entre los barrios cerrados y las ocupaciones populares es que para los sectores populares la regularización tarda muchísimos años; pero la organización barrial sostiene el proceso hasta que la municipalidad termina por regularizar, y el barrio popular llega a ser uno más, de casas bajas, donde no se advierte si alguna vez fue una ocupación informal.

–De todos modos, la toma en Guernica está próxima a un barrio privado, el Country San Cirano.

–Si bien la toma de Guernica se da en contigüidad a otros barrios populares, efectivamente se está construyendo un barrio cerrado cerca, y si vemos el entorno más lejano se puede apreciar que hay muchos barrios cerrados en construcción más hacia el Oeste. Esto se vincula con las ventajas de movilidad de la autopista Ricchieri, pero estos barrios privados dan cada vez más dispersos. Quizás, y arriesgo una hipótesis, es porque está en plena construcción la autopista circunvalatoria que unirá la Buenos Aires-La Plata con la del Buen Ayre, y esto podría estar generando una valorización de la zona. A veces la conflictividad de algunas tomas o su tratamiento por los medios tiene que ver con que invade espacios más valorados por el mercado.

About Author

Escritor y Periodista

Leave A Reply