Lo que ahora se ve: El talón de Aquiles M

Espiar ilegalmente a personas para sacarles información o dinero y armar causas contra terceros habría sido el modus operandi de una gestión que prometió hasta el hartazgo la transparencia y división de poderes.

El 26 de mayo la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño realizó una denuncia ante la justicia por espionaje ilegal durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri. Hasta el momento, se conoció que la funcionaria envió la información encontrada en el disco rígido de una computadora de la Agencia, en la que se desprende que al menos 86 cuentas de correos electrónicos estaban intervenidas. Las mismas pertenecían a dirigentes políticos, funcionarios y funcionarias, opositores y oficialistas, e intelectuales. Es decir, no importaba si eras peronista, kirchnerista, macrista, radical o de izquierda. El gobierno te espiaba igual.

¿Cuál era el objetivo de dicha tarea? ¿Por qué la gestión de Cambiemos invertía recursos del estado para saber qué hablaban y con quiénes se escribían los miembros de su propia fuerza política? Sí, sobre todo de su propia fuerza ¿Se puede controlar y saber todo de todos? En pos de entender que la respuesta a la última pregunta es un no tácito, y que encuentra sus fundamentos en el corazón mismo de nuestra Constitución Nacional; el Presidente Alberto Fernández afirmó en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo que debían “construir consensos para un nuevo diseño del Sistema de Inteligencia Nacional”, y proponía trabajar en una nueva Ley de Inteligencia.

De esta forma volvió a poner sobre el tapete uno de los temas que fue eje de debate durante el 2019 y que, pareciera haber quedado un tanto relegado por la pandemia. Sin embargo, los medios de comunicación no pueden hacer oídos sordos a los movimientos subterráneos de la justicia. En ese sentido, a poco más de dos meses de haber comenzado el aislamiento obligatorio en la Argentina, el espionaje de tipo ilegal que se ejecutó en los últimos años, vuelve a tomar fuerza en la opinión pública.

Investigar lo que ocurrió en la era macrista, conocer el modus operandi de las distintas organizaciones paraestatales y repensar qué tipo de “inteligencia” estamos dispuestos y dispuestas a tener es uno de los tantos objetivos que cumple, con creces, la investigación en curso que lleva adelante el Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, desde el 28 de enero del año pasado. Ese día, Pedro Etchebest Rodríguez, un chacarero y pequeño productor agrario denunció en el Juzgado Federal de Dolores que estaba siendo extorsionado por Marcelo Sebastián D’Alessio, un abogado que galardonaba de ser “agente de la Drug Enforcement Administration (DEA)”, tener “vinculaciones con la AFI” y trabajar codo a codo con el fiscal federal estrella en los años de los globos de colores, Carlos Stornelli. Etchebest había denunciado que si no le abonaba unos 300 mil dólares, iba a ser nombrarlo e involucrarlo directamente en la causa de las fotocopias de los cuadernos por el arrepentido Juan Manuel Campillo.

A partir de ese día, el juez Ramos Padilla comenzó con una investigación metódica, minuciosa y con un estándar de prueba tan alto y sólido que ninguno de los ataques que le realizaron desde la corporación de Comodoro Py tuvieron éxito. La disputa por la competencia de la causa quedó zanjada meses atrás y, hasta el momento se ha comprobado fehacientemente que Marcelo D’Alessio no solo cometió el delito de extorsión hacia Pedro Etchebest sino que también formaba parte de una “organización criminal dedicada a realizar múltiples tareas vinculadas al espionaje, que incluyeron investigaciones ilegales, extorsiones, ‘ablandes’, ‘puestas en pánico’, ‘aprietes’, ‘carpetazos’, ‘falsas denuncias’, entre otros modos de coacción e intimidación, todo ello con fines económicos y políticos[1]”.

Una de las últimas novedades de la investigación – que seguirá en cursos varios meses más –  puso luz sobre el financiamiento que poseían este tipo de organizaciones para llevar adelante cada una de las operaciones, y que a esta altura de la realidad, podemos afirmar que contaban con el aval y el consumo directo de lo obtenido por las primeras líneas del gobierno de Cambiemos.

En ese sentido el 18 de mayo del corriente, Ramos Padilla encendió todas las alertas, sobre todo las de INTERPOL y las notificaciones rojas de la Policía Federal para detener a Aldo Eduardo Sánchez y Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti, dos argentinos quienes, junto a Marcelo D’Alessio, Pablo Leonardo Bloise y Ricardo Bogoluik – los tres detenidos -, lavaban millones de euros y dólares en diferentes países. En la resolución se detalla y explica en profundidad que dichos miembros se comunicaban a través de un grupo de Whatsapp llamado Buenos Aires y administrado por Ricardo Bogoluik, y que realizaron durante al menos ocho meses operaciones para supuestas empresas – por demás flojas de papeles – en las que se encargaban de darle “una pantalla legal” y lograr así una “sensación de verdad[2]” para el mundo exterior. Por estos riesgos, el grupo cobraba pequeños porcentajes que, en millones de euros o dólares, aseguraba la financiación para todas las operaciones mencionadas anteriormente.

Si la denuncia de Caamaño termina de ratificar que el espionaje ilegal fue un método utilizado por el macrismo, enalteciendo la causa de Dolores ya que no fue una excepción sino la regla, entonces es necesario replantearnos en estos tiempos de pandemia cómo queremos que funcione el sistema judicial en el país que tan bastardeado fue en las últimas semanas por haber libertado presos y dejar su ícono distintivo de la balanza en desnivel.

¿Puede ser posible que Ramos Padilla haya tenido que tardar más de tres horas en digitalizar el fallo del 18 de mayo, que entre otras cosas desnuda la connivencia y vinculación directa de varios países – algunos de ellos enmarcados en ese primer mundo que tan en crisis está ahora-para lavar dinero ilegal, porque el sistema online judicial no estaba preparado correctamente? ¿Cuántas veces la justicia tiene en sus manos una causa con tantas pruebas directas para investigar delitos que atentaron directamente la seguridad nacional? Si las oportunidades fueron contadas con las manos, ¿Cómo es posible que los recursos que poseen en el juzgado de Dolores, a más de un año de haber comenzado la investigación, sigan siendo deficientes?

Por último es meritorio reflexionar sobre lo siguiente: “Esta organización viene funcionando desde hace un tiempo por demás prolongado, lo que evidencia la necesidad de un profundo y sincero debate institucional respecto de los organismo de inteligencia en nuestro país[3]”. Es momento de comenzar con ese profundo y sincero debate, a viva voz y de modo descarnado, entre todos y todas.

Por María Belén Bartoli

[1] Fallo del 12 de abril de 2019 – Juzgado Federal de Dolores – FMP 88/2019

[2] Fallo del 18 de mayo de 2020 – Juzgado Federal de Dolores – FMP 88/2019

[3] Fallo del 12 de abril de 2019 – Juzgado Federal de Dolores – FMP 88/2019

 

 

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