Mendoza: libertad de expresión, persecuciones, megaminería y fracking

En el marco de la pandemia del Covid-19, el oficialismo mendocino impulsa una modificación al Código de Faltas para penar a quienes publiquen o difundan «fake news», mientras que las voces opositoras denuncian que la iniciativa en realidad es un caldo de cultivo para la persecución judicial, la censura, la megaminería y el fracking.

 

El proyecto, impulsado por legisladores del Gobierno provincial para modificar y endurecer el Código de Contravencional promulgado por el ex gobernador Alfredo Cornejo (muy criticado por organismos de DDHH y oposición, y denunciado por atentar contra derechos y garantías fundamentales de la Constitución Nacional) apunta a penar con multas, trabajo comunitario y hasta días de arresto a quien publique o difunda  noticias falsas.

Por su parte, organismos de DDHH, partidos de la oposición y ambientalistas hablan de fiscalización de contenidos, procesamientos masivos y una nueva embestida del gobierno de Rodolfo Suárez para continuar con la megaminería y el fracking, algo que el pueblo de Mendoza ya demostró rechazar en la multitudinaria marcha de diciembre.

Carlos Almenara es secretario de Derecho a la Información Democrática de la APDH Mendoza. En diálogo con MX, expone las razones por las que esto puede ser considerado anticonstitucional.

«La Legislatura provincial es absolutamente incompetente para regular en materia de libertad de expresión, apelan para ello a un recurso que ya la provincia utilizó durante el gobierno de Cornejo (no sólo la provincia sino, lo que es más escandaloso, también el municipio). Estratagema con la cual han procesado a dirigentes sindicales y, a un ridículo tal han llegado, que han prohibido en la ciudad de Mendoza los actos masivos en la calle. Si hacés un acto en la calle para protestar, por ejemplo contra el Intendente, te multan. Los sindicatos mendocinos, de educadores y otros, están llenos de multas que les pone el municipio de la ciudad de Mendoza.

Esto refleja el mismo procedimiento que ahora usa la Legislatura. Es decir que en función de un supuesto ordenamiento, en el caso de la municipalidad, del tránsito o bien del ordenamiento urbano, utilizando como excusa algo que no tiene nada que ver con el fin del proyecto, que es la pandemia, te cercenan derechos que son constitucionales, de un rango con los que no se puede meter ni un municipio ni una provincia: la libertad de expresión, la libertad de prensa, de opinión. Entonces la primera objeción: la Legislatura mendocina es absolutamente incompetente  para regular en materia de un derecho constitucional de todos los argentinos.

Segunda cuestión: es absolutamente falaz la argumentación que utiliza el gobierno mendocino, «están circulando muchas noticias falsas en relación a la pandemia, en consecuencia vamos a penar toda mentira que se publique”. Es decir, queda claro que es una trampa para dar una vuelta de tuerca autoritaria. Es un ridículo en términos de las garantías de la democracia liberal, de la que presumimos ostentar en la Argentina. Es un proyecto que busca fiscalizar contenidos, un mecanismo de censura abierta. No sólo en medios masivos sino también en redes sociales.

A nuestro ex presidente de la APDH, Ricardo Ermili, que trabaja en la Dirección General de Escuelas de la provincia, por publicar en su Facebook una opinión hostil de desacuerdo con el ex gobernador de Mendoza, fue echado del cargo de supervisor durante el gobierno de Cornejo. Si a todo esto le sumamos los antecedentes de este grupo político de Cornejo que se continúa con el actual gobernador Rodolfo Suárez, los antecedentes son pésimos».

¿Creés que tuvo alguna relación el apuro del proyecto con que que haya salido la noticia del hijo del gobernador Suárez volando en helicóptero de la gobernación y violando la cuarentena?

Ellos lo niegan, aducen que tiene una fecha de presentación anterior a que se conociera eso. Hay quienes atribuyen el impulso del proyecto a una nota del Diario los Andes en donde se hablaba de la capacidad de la Provincia frente al coronavirus. Por otro lado, el impulso legislativo fue posterior a eso. El hijo del gobernador Suárez no es funcionario, no tiene por qué volar en un helicóptero estatal, además de que no puede violar la cuarentena.  En la provincia esto no salió en ninguno de los medios de mayor alcance. En el diario El Sol, que es de Canal Nueve de Mendoza, socio del Grupo Clarín, salió la nota y a las dos horas la bajaron.

Gastón Suárez Duek,sobrevolando la provincia en cuarentena.

Lautaro Jiménez, senador provincial por el FIT, analiza las implicancias del proyecto  

En primera instancia pensamos que es un proyecto muy peligroso, que tiene que ver no con una lucha por la verdad, por la información y la transparencia, porque para eso está la Ley de Acceso a la Información Pública, para eso está la necesidad de un trabajo de los medios similar al que hacen organizaciones como chequeado.com que desmienten este tipo de fake news. Esta ley tiene un espíritu contrario, que es dotar al Poder Ejecutivo de la potestad de definir qué es y qué no es una fake news, algo en lo cual no tiene una materia de autoridad y mucho menos de imparcialidad. De hecho es una medida que toma en contra de un reclamo de los médicos de la salud pública de Mendoza, que estaban expresando que no se les estaban entregando en tiempo y forma elementos de protección personal para el combate de la pandemia del Covid-19. Esto el Gobierno lo consideró una información falsa y presionó mucho a los medios de comunicación para que no levantaran esta noticia o desfiguraran su contenido.

Luego se demostró que en realidad tenían razón los médicos, porque el material que estaba enviando el Gobierno para ser entregado no tenía el volumen suficiente ni la facilidad de acceso a los mismos. Esto demuestra cómo el Ejecutivo quiere utilizar un problema grave como el de las fake news, para tomar el control y determinar qué noticias son las que se pueden difundir y qué noticias no.

Desde el FIT hemos sido perseguidos por el gobierno de Alfredo Cornejo y la gestión municipal que tenía en ese momento Rodolfó Suárez, con imputaciones judiciales por haber hecho manifestaciones en la calles, con expresiones de señalamiento y persecución por parte del Ejecutivo provincial, por defender este tipo de libertades democráticas y denunciar las arbitrariedades que el gobierno comete contra distintos sectores de la juventud, trabajadores e incluso el movimiento de mujeres».

Los perseguidos

Fernanda Herrera es trabajadora social y por participar de una marcha pacífica contra el fracking, hoy se la acusa, junto a otros asistentes, de ser parte de la organización y de cortar el tránsito vehicular. También recibió amenazas por redes sociales.

«El 19 de enero participo de una marcha de autoconvocados del movimiento ambientalista Extinction Rebellion Mendoza. Ese día tenía  un megáfono, no por eso quería decir que fuera la organizadora, fuimos muchos los que estuvimos ahí,  unas mil quinientas personas. Una marcha pacífica donde había familias enteras. En ese momento se acercan dos policías de alto rango (no eran agentes) y nos piden identificación, a mí y a un compañero. Nos dijeron que sólo era por una cuestión de seguridad. La idea era marchar por media calzada sin ocuparla completamente, eso se lo comunicamos a la Policía. Cuando salimos, era un recorrido desde Peatonal San Martín hasta Plaza Independencia, vamos por las calles y lo primero que hace la Policía es cortar la calzada completa. Esto está en las filmaciones, no fuimos nosotros.

No pasaron ni cinco días de la marcha y a mi compañero le llegó una notificación para que se presentara a la Fiscalía n° 1 de la ciudad de Mendoza, para imputarlo. A mí no me han notificado aún, porque en mi DNI tengo el domicilio de mi mamá y yo alquilo en otro lado, pero ni bien me encuentren me van a imputar. Por eso tuve que pagarle a un abogado de mi bolsillo, porque esto es un proceso penal.

Se me acusa de ser la organizadora  de una marcha y de cortar el tránsito del transporte público. Esto tiene una pena de tres meses a dos años de cárcel, sin derecho a multa ni a otra alternativa, sólo por participar de una marcha en contra del fracking. Pero todavía no me imputan porque no me han podido notificar».

¿Qué consecuencias o represalias, al margen de lo judicial, tuviste a raíz de todo esto?

Esto me ha traído muchas consecuencias. Empecé a buscar trabajo y mis trabajos han sido en negro. Por ejemplo  ahora estoy desocupada, yo soy trabajadora social. Si algo de esto llega a saltar, mi expediente no va a estar limpio porque ya tengo una causa penal.

A mi perfil de Facebook lo tuve que cerrar durante un tiempo luego de recibir algunas amenazas que, si bien no venían directamente del Gobierno, eran perfiles que me decían cosas como “estamos escuchando todas tus conversaciones” o  “cuidate”… Supuestamente no eran perfiles verdaderos.

Ha sido muy complicado para mí, he tenido problemas de salud, porque imaginate que de un día para el otro estás “buscada” y sé lo que me espera, la misma imputación que le hicieron a mi compañero, “organizador de una marcha en la cual participaron mil quinientas personas, que cortaron la fluidez del tránsito del transporte público”. También me hicieron multas, que luego fueron revocadas porque eran realmente una locura, tenía que pagar casi $125 mil pesos, por el Código de Convivencia Urbana, que solamente aplica a la ciudad de Mendoza.

Ahora estamos en una época de pandemia, pero ni bien participe de alguna manifestación, marcha, o quiera expresarme libremente, si me quieren encontrar acá estoy y si me tienen que imputar que se siga todo el proceso judicial que se tenga que seguir. No me voy a escapar, no siento que haya hecho nada malo, no soy una delincuente, soy una profesional, una ciudadana común que sale en defensa de algo tan vital para los mendocinos como es el agua.

Suárez se está encargando de callarnos, pero no lo va a lograr, ya no. Yo creo que la gente está muy cansada de tanta represión. Igualmente la gente se asustó mucho cuando salieron estas imputaciones “express”. Hemos tratado de comunicar esto a los medios de Mendoza, pero hacen oídos sordos ante estas cuestiones y no te dan el espacio para poder expresarte. Hemos tratado  de comunicarnos con medios alternativos, que no estén pagados por el Gobierno o por empresas, ni por el gran empresario que maneja casi toda Mendoza, Daniel Vila, dueño de Grupo América.

Un político nos ofreció la Comisión de Derechos y Garantías, pero la verdad yo ya no creo que en este país existan garantías, justicia y división de poderes. Creo que está todo mezclado, tanto Ejecutivo, Legislativo y Judicial son un solo aparato manejado por una sola persona, por el poder y por el dinero. Así que no voy a hacer ningún tipo de denuncia ante una comisión que está manejada por políticos, no me generan seguridad para nada.

No hemos podido hacer ninguna contra denuncia, pero queríamos llegar un poco más allá, queríamos llegar a Amnistía Internacional, pero ellos nos dijeron que mientras no hubiéramos sido torturados o estuviéramos en una comisaría o presos, no podían actuar. Y la verdad es que no sé cuál es la línea entre estar en la cárcel y tener que andar cuidándote de no poder salir y de no poder expresarte libremente en una marcha, porque sabés que te puede caer una imputación más, podés ir a la cárcel y por no cometer ningún delito. Solamente por salir a manifestarse en contra del Gobierno y de las empresas que quieren hacer negociados con el agua, que es el agua que tomamos todos. Es una línea muy delgada y no sabés cuándo se puede llegar a cortar. 

El Papa apoyó la lucha de Servat contra el fracking y la megaminería.

Esteban Servat es biotecnólogo, ambientalista y acérrimo luchador contra la megaminería y el fracking en Mendoza. Fue además quien expuso documentos que el Gobierno de Cornejo ocultaba, mediante su plataforma Ecoleaks, que confirmaban que esta práctica es altamente contaminante de los cursos de agua, en una provincia donde este recurso es escaso. Luego de esto, las persecuciones judiciales y las amenazas lo obligaron a dejar el país.

¿Qué te llevó a dejar la Argentina?

La primera causa penal que me hicieron fue hecha por el intendente de mi ciudad – Walter Marcolini (Cambiemos) de General Alvear- en persona, por nuestras publicaciones de Ecoleaks. Teníamos que ir a una audiencia pública de conciliación, donde él esperaba que yo pidiera disculpas para que no me metan preso y decir que fue una confusión. Yo hice lo contrario y convoqué al pueblo. Asistió muchísima gente y el intendente se acobardó y no fue. Eso resultó en que tenga que renunciar a la querella. También fue una humillación, quizás la más grande de su carrera política, porque fue presentado como una pelea de boxeo, Servat-Marcolini, y eso los medios no lo pudieron tapar.

Después hubo muchas causas más, pero esta primera causa tiene mucho que ver con mi partida, porque después de varios meses, en febrero del año pasado, yo le devuelvo el favor al intendente, ya que él cometió dos delitos al hacerme esa causa: el primero fue que era una denuncia con argumentación falsa, el segundo que usó a un abogado de la comuna para hacerme una denuncia a título personal,  y como yo no le di mucho tiempo para generar alguna excusa para la audiencia, se inventó un viaje a Buenos Aires y le armó improvisadamente un poder al abogado de la municipalidad para representarlo a en la causa. Cosa que no tenía ninguna validez. Lo intentaron, el abogado fue, pero eso es malversación de fondos públicos, porque usó al abogado de la comuna para una causa personal.

Era un año electoral, estaba por empezar su campaña por la reelección y comenzaron las amenazas de muerte contra mí, mi familia y mi novia. A todo esto el movimiento, que el año anterior había sido multitudinario, se venía desgastando por las persecuciones, no sólo contra mí. A  mí me metieron la mayor cantidad de causas, pero hubo muchas personas de distintos puntos de la provincia que cuando se ponían molestos les armaban causas. Hubo gente que se tuvo que ir de la provincia.

A Mauricio Guajardo Villegas, lo acusaron de tirar a un policía de la moto durante una protesta antifracking, cosa que fue es falsa, porque el policía se tiró y hay videos de eso. Salió en medios nacionales, que hablaban de un policía “carancho”, sin embargo eso lo llevó a la cárcel. Un hombre que tiene problemas de corazón y que todo esto le afectó mucho la salud. Después de pelearla mucho le dieron prisión domiciliaria. Un abogado, gracias a Dios, puso su licencia en juego para sacarlo, pero esa causa siguió abierta y le sumaron otras.

Otra pareja de Bowen se tuvo que ir a San Luís por amenazas a ellos y a su bebé, por haberle dicho respetuosamente al gobernador “señor gobernador, no queremos fracking en Mendoza”, una vez que visitó el pueblo para inaugurar un hospital.

Es la herramienta predilecta del gobierno y de la industria del fracking para sacarte del juego, porque cuando te meten una, dos o más causas estás tan preocupado por defenderte que, si no tenés algún abogado que te ayude sin cobrar ( nosotros tuvimos esa suerte, pero no todos la tienen) se te hace imposible llevarlo adelante. Además te meten antecedentes penales y te complican si necesitás buscar trabajo

El Código Contravencional, que se aprobó en septiembre del 2018, realmente puso un cerco a la información y la libertad de expresión. Ese código lo instaló Cornejo y criminaliza la protesta. Ellos discrecionalmente pueden meterte una multa o tiempo de cárcel, si consideran que insultaste a un funcionario público, incluso en redes sociales, o por convocar a marchas.

¿Qué opinión te merece este intento de modificación del Código para penar las fake news?

La iniciativa de modificación del código Contravencional es muy peligrosa, es claramente una avivada del gobernador Suárez para aprovechar la situación de crisis y de pandemia, donde las fake news son un gran problema realmente. Pero eso no se combate con censura si no con aclaraciones, explicando la verdad como hace un grupo científicos del CONICET que se organizaron para responder dudas.  Esto tiene otro objetivo, porque Suárez y todo el lobby minero de Mendoza están intentando reactivar los proyectos mineros y volver a embatir contra la ley 7722, a pesar de todo lo que pasó en la marcha de diciembre, cuando el gobernador Suárez reprimió  a personas inocentes autoconvocadas. Sabiendo eso está más claro todavía, hacia dónde apunta el gobernador con esto de combatir las fake news con multas o tiempo de cárcel a los que las compartan, donde la definición de fake news va a estar a discreción del gobierno.

En mi caso, una de las causas penales que me armaron, me imputaron por Intimidación pública.  Esto es muy similar a lo de fake news, porque me acusan de ser responsable de las grandes movilizaciones, por generar pánico en la gente con información falsa sobre el fracking, cuando yo estaba difundiendo justamente información probada a nivel mundial, científicamente, y que constituye la base de la prohibición de esta práctica en países de Europa o en en el Estado de Nueva York.  Sin embargo para ellos era fake news y me pintaron los dedos por esa causa. Entonces, con esos antecedentes, esta modificación al código contravencional facilitaría el proceso para el Gobierno, para no tener que hacer todos los pasos que hicieron conmigo, sino que ya está estaría estipulado que te multan o te pueden meter preso. Con lo cual se les haría más fácil y a nivel más masivo para escarmentar al resto y así no comparten cosas. Por eso nadie puede dudar de que lo van a aplicar, no sólo para la pandemia  sino para la minería, el fracking y en un futuro lo que sea que le convenga al gobernador. Es un gravísimo peligro y es muy importante que se haga mucho ruido, porque hay un silencio preocupante en los medios de comunicación, que está permitiendo que esto siga adelante y si esto se logra va a ser muy difícil echarlo atrás.

Más info:

https://prensaobrera.com/politicas/69864-suarez-vuelve-a-la-carga-con-la-megamineria-que-los-mendocinos-rechazaron

https://www.facebook.com/groups/MendozaSinFracking/

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Es periodista del staff de Medio Extremo. Cubre noticias de política y sociedad, principalmente de la Ciudad de Buenos Aires. Podés escribirle a: contacto@medioextremo.com

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