El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante los mayores de 70

La primera redacción de la presente nota, un día después de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunciara una prohibición de la circulación en la vía pública para los mayores de 70 años, coincidió con mi cumpleaños número 70 y, luego, temí que la nota quedara sesgada por mi flamante pertenencia al grupo afectado. Opto por darla para su publicación, actualizando la información y advirtiendo al lector acerca de mi implicación personal.

El 20 de abril, un par de días después de aquel anuncio –que suscitó protestas en integrantes de la población afectada–, el Boletín Oficial porteño publicó la Resolución Nº 16/MJGGC/20, refrendada por Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad. Su confuso texto, que no elimina la prohibición, propicia más bien la intimidación: «Instrúyese a todo el personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no revista en reparticiones de naturaleza esencial en el marco de la presente emergencia sanitaria, a contactarse con las personas mayores de 70 años, a efectos de brindar asistencia e información a quienes lo necesiten, a fin de evitar situaciones que los expongan al riesgo de contagio y afectación del sistema de salud», dice el artículo 1º. O sea, todo el personal municipal queda instruido para contactarse, no con quienes lo soliciten sino con «quienes lo necesiten», aunque no lo solicitaran. Cualquier persona mayor de 70 podría ser «contactada», abordada por un agente gubernamental que ha sido instruido para «brindar asistencia e información».

Según el artículo 2º, «a los efectos de garantizar  el conocimiento de todas las alternativas puestas a disposición por parte de la Ciudad, para evitar que las personas de 70 o más años salgan innecesariamente de su domicilio», se establece «la necesidad de comunicarse previamente al número 147». El artículo 3º dice que «el aviso efectuado con la modalidad prevista en el artículo 2º, estará vigente durante 48 horas». Como se ve, la Resolución gira en torno a la necesidad: es innecesario que salgan y es necesario que llamen al 147, y si transcurren 48 horas, deberán llamar de nuevo, es decir que el «conocimiento» impartido en la primera llamada habrá dejado de estar garantizado. Nada de esto es obligatorio pero tampoco es optativo: es necesario.

Quedan exceptuadas de lo establecido en el artículo 2º «las personas que deban recibir las vacunas de conformidad con el calendario establecido» y «las personas que deban cobrar su sueldo o jubilación en el día que corresponda conforme el calendario de pago establecido», lo cual, como veremos, merece ser examinado.

La resolución es inusual, internacionalmente. En días anteriores, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, había considerado una medida similar, pero las protestas en la opinión pública y las objeciones de epidemiólogos y gerontólogos lo llevaron a dejar de lado ese propósito. En Buenos Aires, la medida fue dispuesta sin intervención de la Legislatura y bajo el argumento de que se trata del grupo etario con mayor riesgo de infección por el coronavirus Covid-19. «Mi obsesión es el cuidado de los adultos mayores de 70 años», declaró Rodríguez Larreta.

Sin embargo, según la OMS, existen otros grupos de riesgo para el Covid-19: las personas con enfermedad pulmonar crónica; con asma; con afecciones cardiacas; con sistema inmunitario debilitado por trasplantes, tratamientos contra el cáncer o HIV/sida; las personas obesas; las personas con diabetes; con enfermedad renal crónica; con enfermedad hepática. Entonces, ¿por qué sólo los mayores de 70? Hay una razón de orden práctico: los viejos son generalmente reconocibles por su aspecto. Los diabéticos o los cardíacos, no. A menos que, por «necesidad», debieran portar una identificación visible. Pero el lenguaje mismo establece una diferencia entre el grupo de los viejos y los demás grupos de riesgo. Un diabético es una persona con diabetes; un asmático es una persona con asma. Un obeso no deja de ser una persona con obesidad, quizá mórbida. Pero un viejo no es una persona con vejez. Y el uso de eufemismos no cambia la cuestión: un «abuelo» no es una persona con abuelidad; un adulto mayor no es una persona con adultez mayor. La vejez concierne al ser de la persona. Entonces, la pregunta es: ¿qué condición, atribuida a la vejez como condición del ser, ha llevado a fijar por resolución esas «necesidades» que son sólo para los viejos?

Para buscar respuesta, conviene prestar atención a la otra disposición incluida en la medida del Gobierno de la Ciudad: la línea telefónica 147. Este mecanismo de tramitación es único: un procedimiento cuyos agentes han sido preparados para procurar que los solicitantes desistan del trámite que desean efectuar. El propósito central de esa instancia administrativa es conseguir que no se realice aquello a lo cual está destinada. Entonces, lo que diferencia a los viejos es que su voluntad está descalificada a priori. Por eso la línea 147 está destinada sólo a ellos y no –como correspondería según una lógica epidemiológica– a todos los grupos de riesgo.  Debe notarse que la descalificación no se refiere a la capacidad cognoscitiva del viejo. Al operador de la línea telefónica no le interesa diagnosticar si la persona que llama padece una demencia o si su competencia cognoscitiva está intacta. Porque lo que está en juego no es su conocimiento sino su voluntad. El solo hecho de que llame a esa línea genera la presunción de que su voluntad está torcida y por eso el propósito central del operador es disuadirlo de aquello que viene a pedir. ¿Por qué tiene la voluntad torcida? Porque es un viejo.

Hay en la medida un tercer aspecto a destacar, además del encierro y de la línea 147: la excepción, que también viene a ser una necesidad, por la cual la persona mayor de 70 sale para cobrar su jubilación en el banco. Aunque no hubiese pandemia, la asistencia al banco el día de cobro es peligrosa porque genera la probabilidad de robos y asaltos, a menudo con violencia. Pero muchos de los mayores de 70 han quedado del otro lado de la brecha en el uso de tecnologías que, presentes en toda la vida cotidiana, exigen del usuario un grado de experticia. En realidad el Gobierno de la Ciudad se ocupó de esto, o aparentó hacerlo en su momento: destinó sumas importantes de los contribuyentes a repartir a jubilados tablets, dotadas de programas especialmente simplificados, y dispuso personal para enseñarles su uso. ¿Qué balance tuvo esa experiencia? ¿No sirvió para nada? ¿Cómo es que ahora no se procura que –quizá con ayuda de ese mismo personal y bajo adecuado distanciamiento social– los mayores usen esas u otras tablets para sus trámites bancarios? O, por lo menos, se les podría ofrecer acceso rápido a tarjetas de débito y capacitación para su uso, que realmente no es complicado. Si no se hace es porque porque prevalece la idea de que los viejos ya no están en condiciones de aprender. Y esta idea no se refutaría con tests cognoscitivos: si no están en condiciones de aprender es porque…, porque…, ¡porque son viejos!

El riesgo de que la pandemia sea terreno propicio para medidas y actitudes discriminatorias ha sido destacado por la Red Internacional para la Prevención del Abuso y Maltrato en la Vejez (INPEA, por su sigla en inglés), que el 9 de abril destacó ante la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que «a la vez que los adultos mayores están en particular riesgo bajo la pandemia de Covid-19 en términos de morbilidad y mortalidad, también afrontan particulares amenazas y abusos respecto de sus derechos humanos. Estamos extremadamente preocupados por que la actual crisis incremente la discriminación por razones de edad que ya es una realidad cotidiana para muchas personas mayores y que se expresa en políticas y acciones que atraviesan diversos sectores». La Red solicita que «los derechos de los adultos mayores sean incluidos de modo consistente y sistemático en todas las respuestas» a la pandemia.

Entonces, para entender la medida del Gobierno de la Ciudad es mejor dejar entre paréntesis la presunción de que su propósito es cuidar a los mayores de 70. La «necesidad» que impregna la Resolución Nº 16/MJGGC/20 corresponde más bien al orden de la obsesión, término que debe ser tomado a la letra en el discurso del jefe de Gobierno: obsesión, esa idea que vuelve a la mente una y otra vez y para librarse de la cual el sujeto intenta una y otra cosa, en vano. Al mismo tiempo, efectivamente es necesario cuidar a los mayores de 70, como a los demás grupos de riesgo y a toda la población. Pero esta finalidad estaría mejor servida mediante una estrategia que no fuese por «necesidad» sino por acercamiento respetuoso, prudente y libre de toda imposición.

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Escritor y Periodista

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