Hora de estatizar las empresas de diálisis renal

Bajo la emergencia sanitaria vinculada con la pandemia de Covid-19, tal vez ha llegado el momento de que el Estado argentino se haga cargo en forma directa de todas las prestaciones de diálisis renal que actualmente da en contratación a prestadores privados, declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación las instalaciones, aparataje e instrumental utilizado a tal efecto. Así puede inferirse de la nota publicada por Medio Extremo el 7 de abril, bajo el título «Advierten por situación alarmante de 30.000 pacientes con diálisis en plena pandemia».

«La crisis de COVID-19 nos encuentra en una situación de absoluto desfinanciamiento producto de la abultada deuda que principalmente el Programa Incluir Salud tiene con todos los prestadores. Esta crisis sanitaria nos encuentra al límite de nuestra capacidad, con deudas de todo tipo y podrían poner en riesgo el cumplimiento de las recomendaciones y hasta la prestación del servicio y por lo tanto amenazan al conjunto de pacientes y personal sanitario”, dice el comunicado que, el 1º de abril, dieron a conocer la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina, la Asociación Regional de Diálisis y Trasplante Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires –que afirma reunir a más de 100 centros– y la Cámara de Productos y Servicios de Terapia Renal. “Se suma a esto el atraso de los valores, que unilateralmente fijan algunos financiadores y hacen que la prestación, la cual ya era difícil de sostener, se haga insostenible en la situación actual de emergencia por la pandemia Covid 19”, sostienen las entidades.

Alfredo Casaliba, presidente de la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de CABA y Provincia de Buenos Aires (ARD), advirtió, no sólo sobre la posibilidad de discontinuación de los tratamientos de diálisis, sino también sobre el riesgo de que, por razones económicas («barbijos que salían entre 4 y 8 pesos ahora valen 70 más IVA»), el cumplimiento de las medidas de seguridad contra el Covid-19 «en algún momento a corto plazo va a ser imposible». Destacó que «no recibir diálisis implica el deterioro rápido del estado clínico del paciente, con un riesgo cierto de muerte» y que «además, antes de que esto ocurra, si no se puede cumplir con las medidas de barrera para impedir el contagio, va a haber contagio en la población de diálisis y en el personal sanitario, que es escaso y altamente entrenado».

No es la primera vez que las empresas dedicadas a la diálisis formulan advertencias de este tono. El 31 de octubre de 2019, el diario Clarín tituló: «Amenazan con dejar a 2.000 pacientes sin tratamiento de diálisis por una deuda»: la ARD había anunciado que desde el viernes siguiente los pacientes dejarían de recibir tratamiento «por la deuda millonaria que el Programa Incluir Salud mantiene con cada centro». El mismo Alfredo Casaliba había explicado que «es imposible sostener los costos de una diálisis ante la falta de pago».

Once años antes, el 16 de julio de 2008, La Nación había titulado «Los tratamientos de diálisis están en riesgo de suspenderse»: la ARD había anunciado que interrumpiría sus servicios dos semanas después, el 1º de agosto, y su presidente, Alfredo Casaliba, advertía que «un paciente que ha perdido la función renal no puede dejar de dializarse. Y, si lo hace, pone en riesgo su vida».

En julio de 2012, el diputado nacional Alfredo Atanasof presentó un pedido de informes en el Congreso Nacional, ya que “el presidente de la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, Alfredo Casaliba, advirtió que la prestación del servicio de diálisis se vuelve insostenible y que, de no mediar el pago por parte de los responsables del programa federal Incluir Salud, deberán suspender la atención de los pacientes necesitados de diálisis”.

Y así en diversas oportunidades y circunstancias, a lo largo del tiempo y bajo diversos gobiernos.

El anuncio de interrupción inminente de un tratamiento del que depende la vida de los pacientes es un hecho gravísimo, para el cual es difícil encontrar antecedentes en países donde el servicio de diálisis se preste con alguna normalidad. Quizá pudiera concebirse que se produjera una vez en la historia de un país, en alguna situación excepcional y catastrófica, pero su reiteración, siempre con motivo de la aducida demora en algún pago, una y otra vez con plazos perentorios, sólo puede indicar una disrupción crónica, estructural, en un servicio esencial para la población.

Los pacientes de diálisis renal, y particularmente los atendidos bajo el programa Incluir Salud, suelen ser personas en condiciones de extrema vulnerabilidad psicofísica, por su edad, sus patologías y su condición socioeconómica: ¿los empresarios nucleados en ARD se han preguntado por los niveles de estrés que se generan en sus pacientes cuando se desayunan, hoy como el año pasado, con el anuncio de que dentro de pocos días les suspenderán la diálisis? ¿Han imaginado, por ejemplo, cuántos picos de presión arterial se producen por ese motivo? ¿Están al tanto de que la hipertensión arterial es una de las causas de la insuficiencia renal que hace necesaria la diálisis?

Claro que esto supone que los pacientes se toman en serio los anuncios, y sin duda que, estando en juego su vida, los toman en serio. Todos debemos tomarlos en serio porque de lo contrario, la sola posibilidad de que el anuncio de interrupción de servicios no fuese más que una movida en el marco de una negociación por dinero, denotaría una absoluta incapacidad moral para participar en una actividad donde está en juego la salud de las personas.

Y todo esto se agrava, si fuera posible, bajo las condiciones que impone la pandemia. Al consabido anuncio de que no podrán continuar con la diálisis, el presidente de ARD añade que, por factores que ejemplifica con el aumento de precio de los barbijos, eventualmente se dejarán de tomar las medidas de protección contra el Covid-19 y entonces «va a haber contagio en la población de diálisis y en el personal sanitario», que reconoce como «escaso y altamente entrenado».

Efectivamente, la Argentina cuenta con profesionales y personal sanitario altamente capacitado para sostener los servicios de diálisis y, bajo la pandemia, cuidar la seguridad de los pacientes y la suya propia. En numerosas oportunidades las entidades gremiales que los representan han cuestionado la explotación a que los someten los empresarios de la salud, y sin duda estarían dispuestos a trabajar bajo el amparo y al servicio del Estado, como ya lo están haciendo sus colegas del Instituto Malbrán y de tantas instituciones públicas. Tal vez ha llegado el momento de tomarles la palabra a estos empresarios: es cierto, ellos no están ya en condiciones de sostener la prestación. Por supuesto que hoy, cuando la mayoría de los habitantes del país están confinados y muchos no saben si podrán alimentar a sus familias, no es momento para pensar en compensaciones por los bienes que les sean expropiados. Algún día, después de que finalice la pandemia, cuando se haya recuperado o conquistado el bienestar general, les llegará su turno, que sabrán esperar con la paciencia y la modestia de los pacientes del programa Incluir Salud.

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Escritor y Periodista

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