Jorge Omar Castillo, responsable de Punta Mogote, uno de los tres predios que conforman la feria La Salada en Lomas de Zamora, fue detenido en junio de 2017 en el marco de una causa que investigaba una “asociación ilícita” dedicada a la extorsión de los puesteros ilegales montados en el Camino de la Ribera. El empresario textil y administrador inmobiliario que se defendió a los tiros antes de ser apresado podrá no ser el cliente ideal para Mossack Fonseca pero, en 2011, el estudio de abogados registró en Panamá a la firma Manley Services Assets Corp. a nombre de Castillo y de su esposa Natalia Luengo. Cuatro años más tarde, los mayoristas offshore decidieron proceder con la liquidación de la empresa, aunque el trámite no se concretó ya que al día dehoy la firma figura como “vigente” en el Registro Público de Panamá. Entre una y otra operación mediaron algunos reparos en los que las consideraciones económicas se mezclaron con las reputacionales, a tal punto que el estudio panameño había renunciado a ser el agente registrado de la empresa, o sea, había dejado de ser el representante de la firma de Castillo ante las autoridades panameñas. Los abogados de Mossack Fonseca dieron marcha atrás y decidieron que el riesgo que significaba retomar la representación Manley para cerrarla definitivamente no era tan grande como para perderse la oportunidad de cobrar el honorario correspondiente más una suma de dinero no especificada adeudada por la empresa.

Los documentos disponibles en la base de datos muestran que Manley fue registrada el 18 de julio de 2011 con acciones emitidas al portador y directores puestos por Mossack Fonseca: Hercibelle González, Yenny Martínez, Vera de Nelson, José Jaime Meléndez y Jaqueline Alexander. A partir de ese momento, la firma ingresó en el stock de sociedades disponibles para la venta. La producción en masa de firmas offshore permite curiosidades, como que Manley compartiera dos directores pantalla con Mega Star Enterprises, la offshore que le encontraron en los Panama Papers al futbolista Lionel Messi. Entre las coincidencias figura, además, que las firmas utilizadas por los panameños como suscriptoras de Manley son Cheswick Inc. y Eastshore Inc., dos sellos de goma empleados por Mossack Fonseca como sociedades fundacionales en la creación de miles de offshore entre las que aparecen dos compañías vinculadas directamente con la familia del presidente argentino, Macri Group y BF Corporation.

Pasaron dos meses hasta que los mayoristas offshore panameños recibieron un e-mail. Lo enviaba Gustavo Ferrand, un despachante de aduana que dirige la empresa Depósitos Francos Internacionales S.A., registrada en Panamá con domicilio en Carlos Pellegrini 27, a tres cuadras del Obelisco porteño.

Ferrand es también gerente de operaciones internacionales de Depósitos Francos de Montevideo y desde su página web promociona servicios en la zona franca uruguaya, gracias a los cuales el cliente “no pagaría ningún impuesto y sus ganancias serían netas (no pagaría Ingresos Brutos, ni Ganancias, ni ningún tipo de impuesto de ninguna naturaleza)”. Pero además, si el posible cliente presiona el ícono animado de una bandera panameña que flamea en el tope de la pantalla, el sitio informa que otros servicios también están disponibles: “Si lo desean podemos proveerles sociedades panameñas offshore, apertura de cuentas en bancos de Panamá, etc. Brindamos servicios de administración de sociedades offshore en el exterior, apertura de cuentas bancarias, seguimiento de cartas de crédito, elaboración de la documentación de comercio exterior, etc.”.

Para Mossack Fonseca no era un desconocido sino un prolí- fico intermediario que entre 2010 y 2015 les solicitaría cuarenta sociedades radicadas en Panamá y Wyoming. En esta oportunidad, Ferrand les comenta que andaba buscando una offshore panameña para un cliente, y rápidamente se pusieron de acuerdo con la compraventa de la recientemente creada Manley Services Assets Corp. En un intercambio de e-mails que siguió para ultimar los detalles, Ferrand informó que su cliente prescindiría del directorio armado por Mossack Fonseca, ahorrándose los correspondientes 240 dólares anuales. El nuevo directorio quedó conformado con Jorge Omar Castillo como presidente, su esposa Natalia Luengo como secretaria y el abogado mendocino Luis Souto como tesorero, socio de Castillo en varios negocios en esa provincia, en Santiago del Estero y en la provincia de Buenos Aires. La compra de Manley se completó a fines de octubre de 2011. La empresa fijó su domicilio en “Presidente Perón 8725 (Colectora Norte de Acceso Oeste), Ituzaingó, provincia de Buenos Aires”, y declaró como actividad “comercio exterior, compras, ventas, exportaciones, importaciones, etc.”

El titular de Punta Mogote declaró a la AFIP ingresos por alquileres y prestación de servicios en la feria por un monto cercano a los 100 millones de pesos en 2016, pero es prácticamente imposible conocer la suma de las ventas realizadas por los feriantes. Durante una entrevista realizada un año antes, Castillo estimó que La Salada movía en 2013, al menos, 20 millones de dólares diarios y calculó que las operaciones anuales
ascendían hasta los 4.400 millones de dólares. Las cifras, que pueden estar infladas por el detenido empresario textil y militante radical, superan la facturación de aquel año informada por los centros de compra en el área metropolitana que releva el Indec en sus informes.

El sociólogo Matías Dewey explica, en su investigación La importancia de La Salada, que “más allá de las caracterizaciones estereotipadas y prejuiciosas abonadas por los medios de comunicación, La Salada no es más que un eslabón esencial en la comercialización de indumentaria de bajo costo en la Argentina. Las dieciocho hectáreas que ocupa a orillas del Riachuelo, en el contexto de un entramado urbano con infraestructura deficiente y serios problemas medioambientales, se convirtieron en la plaza de comercio a la que acuden miles de productores textiles para vender sus prendas. Al mismo tiempo, es el lugar al que, desde las ciudades más recónditas del país llegan compradores mayoristas que luego revenderán esas prendas a precio minorista. Situada en el corazón del Conurbano bonaerense, La Salada es el primer eslabón de la comercialización de indumentaria producida en los talleres clandestinos”. Desde su perspectiva, nada de lo que sucede en los mercados de La Salada se entiende si no se repara en “la presencia ilegal del Estado municipal y de las fuerzas policiales. El orden instaurado dentro de esos predios es la contracara del comportamiento de inspectores municipales, policías y dirigentes políticos, tradicionalmente más interesados en retribuciones económicas que en hacer cumplir reglamentos y respetar derechos”.

Los problemas para la offshore empiezan el 16 de enero de 2014. “Manley Services Assets Corp. no va a operar más, ni van a pagar el mantenimiento anual, la quieren dejar morir”, escribe Ferrand, cuando Mossack Fonseca intenta cobrarle la anualidad de 601 dólares, que incluye la cuota del registro de propiedades y los honorarios del estudio. Pasa más de un año sin que nada suceda, hasta que el 16 de abril de 2015 el director de Marketing de Mossack Fonseca, Carlos Sousa-Lennox, hace circular un artículo sin firma del diario digital Infobae publicado para la fecha en que la Policía Bonaerense desalojó y destruyó con topadoras miles de puestos instalados en el Camino de la Ribera. “Cuáles son los negocios detrás del enorme crecimiento patrimonial del titular de La Salada”, es el título del texto que nombra a Castillo, a Luengo, a Suoza, a Manley Services Assets Corp. y a Mossack Fonseca, vinculando a esta última con las investigaciones sobre la red de empresas offshore utilizada por Lázaro Báez.

La opinión unánime de los consultados es que el estudio panameño debería renunciar a ser agente registrado de Manley y, como escribió Sandra de Cornejo del Departamento de Cumplimiento, el argumento principal era evitar quedar “reputacionalmente involucrado”. Para entonces, Mossack Fonseca ya estaba comprometida en la disputa entre la Argentina y los fondos buitre a través de sus oficinas en Nevada. “Estimados: Tal como menciona Sara, ya esta sociedad no utiliza directores nuestros. Desde julio de 2011 se utilizan directores del cliente. Desde 16 de enero de 2014, el cliente le envía un mensaje a la oficina de Uruguay notificando que ya la sociedad no va a operar más y que no van a pagar más mantenimientos anuales, la querían dejar morir. Todas las búsquedas giran en torno al mismo tema de las ferias. Considerando que el cliente quiere dejar morir la sociedad y dadas las publicaciones, pienso que es mejor renunciar como agentes registrados para evitar vernos reputacionalmente más afectados”, dice el e-mail. Habiéndose resuelto el tema seis días después, el 22 de abril de 2015, una empleada de la sección Corporativa le pidió ayuda a la sección Notarial para que la asistiera con la renuncia del estudio. Siempre según e-mails internos, el trámite se completó al día siguiente a un costo de 50 dólares. Pero ¿por qué tanto apuro de Mossack Fonseca para desvincularse de una offshore que ya no estaba activa y no le interesaba más el cliente?

La respuesta no se hizo esperar. Siete días más tarde, el 30 de abril de 2015, llegó un e-mail de la oficina de Mossack Fonseca en Montevideo. Decía que Ferrand había pedido una cotización para disolver la offshore de Castillo. Pero Mossack Fonseca acababa de iniciar los trámites para renunciar a la agencia de la offshore. Para disolverla, primero había que ponerla al día y, para hacer eso, había que volver a operar como el agente registrado. El pedido da lugar a un intenso intercambio de opiniones de los sectores Corporativo, Cumplimiento y Marketing de la firma de abogados panameña. Más todavía cuando, aparentemente sin saber que Mossack Fonseca había decidido renunciar a ser el agente registrado, el representante en Uruguay le mandó a Ferrand una cotización para la liquidación por una suma cercana a los 2.000 dólares. En el debate interno surgió que Mossack Fonseca había tomado distancia de Castillo no tanto porque éste había decidido “dejar morir” su offshore y clavar a los panameños con la deuda de mantenimiento anual. Eso era lo de menos. Mossack Fonseca había accedido a información que vinculaba a Castillo con actividades ilícitas en ferias de Uruguay. Del intercambio de e-mails también surge que la idea de retomar la relación con Castillo se terminó de imponer cuando ellos mismos se dieron cuenta de que era una oportunidad de emprolijar el expediente para que cualquier responsabilidad recayera en el empresario argentino y no en Mossack Fonseca. Y de paso, ya que estaban metidos en el baile, se le podría cobrar al cliente doble comisión. Así resumió la situación la responsable de la cuenta por Mossack Fonseca, Josette Roquebert, en un e-mail interno del 5 de mayo de 2015: “Renunciamos en esta sociedad por su posible vinculación con los escándalos de las ferias en Uruguay y el cliente había dicho que iban a dejar la sociedad struck off. No somos directores. Acabamos de finalizar el trámite de renuncia de agente registrado. Ahora aparecen pidiendo disolver. Podríamos asistirle en la inscripción de la disolución, cobrando el doble de honorarios. Tendríamos que aceptar el nombramiento de AR para los efectos de inscribir la disolución. Sin embargo, como son ellos mismos los directores, en mi opinión nos conviene disolver para que toda la responsabilidad quede en manos de los directores que son ellos”. Tres días más tarde, Roquebert volvió a la carga: “Nadie ha comentado y el cliente sigue esperando respuesta. Pros serían cerrar debidamente la sociedad y percibir los honorarios. Cons en mi opinión sería que asistir en la disolución puede ser mal percibido por algún periodista y puede usarlo en forma tergiversante en una publicación, pero nosotros no somos directores ni liquidadores ni accionistas de la sociedad, en realidad el cliente puede pedir asistencia para inscribir la disolución a cualquier abogado en ejercicio en Panamá.” Esta vez, la respuesta fue positiva. “En vista de las instrucciones recibidas, procederemos a comunicarnos con el cliente para informarle el proceso de disolución y solicitarle pago de las deudas pendientes y pago por adelantado de nuestros honorarios de disolución”, contestaron desde la sección Corporativa.

Al final, Mossack Fonseca no tuvo suerte. El 27 de mayo de 2015, Ferrand, el gestor de Castillo, contestó: “A la gente de Manley le pareció muy caro reactivar la sociedad. Así que no van a hacer nada, sorry. Saludos”. Dos días más tarde, Mossack Fonseca completó el trámite para dejar de ser agente registrado de Manley. Pero como la firma de Castillo nunca fue disuelta, en el Registro de Panamá, folio 741857, Manley Services Assets Corp. continúa figurando como “sociedad anónima mercantil vigente”.

EXTRACTO DE ARGENPAPERS, EL ULTIMO LIBRO DE SANTIAGO O’DONNELL Y TOMAS LUKIN. LAS IMÁGENES NO PERTENECEN AL LIBRO MENCIONADO.

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Santiago O'Donnell es el director general de Medio Extremo. Es editor jefe de internacionales en Página 12. Y autor de tres libros: ArgenLeaks, Politileaks y Derechos Humanos® La historia del CELS. Antes de MX, trabajó en Los Angeles Times, The Washington Post y La Nación. Escribile a contacto@medioextremo.com

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