Assange, WikiLeaks y el estado de vigilancia

Julian Assange no la tiene fácil, pero tampoco el gobierno de Estados Unidos. Washington lleva más de cinco años investigando al fundador de WikiLeaks a través de un Gran Jurado constituido en las entrañas del complejo burocrático-militar estadounidense. Pero cuando la embajada ecuatoriana echó como a un perro a su huésped más ilustre, el Departamento de Estados apenas pudo retenerlo tras las rejas de una cárcel británica con un modesto pedido de extradición basado solo en un intento fallido de descifrar la clave de una computadora del Departamento de Defensa. Si se llegara a probar que Assange efectivamente se valió de algún acto ilegal para intentar conseguir esa contraseña, se trataría de un presunto crimen informático castigado con hasta cinco años de cárcel. La acusación menciona que Assange solo le dijo a su presunta fuente, Chelsea Manning, que había intentado conseguir la clave pero «no tuve suerte». Si tomamos semejante confesión literalmente (formaría parte de los chats borrados y luego recuperados entre Manning y Assange) habría que preguntarse si tratar de conseguir una clave secreta constituye delito y, si la respuesta fuera afirmativa, qué pasaría si el supuesto infractor no hubiera tenido «suerte». Sin no se agregan acusaciones más sustanciales, dichas preguntas podrían terminar determinando la culpabilidad o inocencia de Assange, tanto en el juicio de extradición como en un eventual juicio criminal en Estados Unidos.

Sin embargo, nada asegura que Assange sea juzgado por lo que ha sido acusado hasta ahora. Por un lado, Estados Unidos, habiéndose asegurado el primer objetivo de retener bajo arresto a Assange a través de su pedido de extradición, podría agregar nuevas acusaciones antes de que el juicio de extradición culminara. Algunos expertos legales calculan que los fiscales estadounidenses que lo han requerido tienen hasta 65 días para ampliar su acusación, contando desde el momento en que Assange fue detenido, el 11 de abril pasado. Por otro lado, la alternativa que más inquieta a Assange y a su equipo es que se agreguen nuevos cargos a la acusación original, una vez que el editor y ciberactivista sea deportado de Gran Bretaña. «Creemeos que la acusación que se presentó con la solicitud de extradición es solo parte de la historia,» declaró el nuevo editor de WikiLeaks y vocero histórico de la organización, el periodista islandés Kristinn Hrafnsson. «Vendrán más, se agregarán más cargos.»

James C. Goodale, abogado principal del diario New York Times durante el juicio por los Papeles del Pentágono en la década del 70, coincide con el pronóstico de WikiLeaks. «La acusación en contra de Assange parece escrita con el único objetivo de conseguir su extradición. Una vez que llegue a Estados Unidos, sin dudas, será golpeado con cargos múltiples,» escribió el abogado en The Hill, un sitio especializado en la cobertura del Capitolio. En su artículo, Goodale hace notar que la ley británica no permite extradiciones por razones políticas y que el crimen de espionaje es considerado un crimen político por la jurisprudencia de ese país. Por esa razón, explica el especialista, los fiscales estadounidenses han evitado por ahora acusar a Assange de espionaje. Sin embargo, continúa el abogado, en la acusación, la descripción de la conspiración de la que habría participado Assange contiene lenguaje extraído de la Ley de Espionaje. «Assange y Manning tenían razones para creer que la difusión pública de los despachos de las guerras de Irak y Afganistán causarían lesión a Estrados Unidos,» dice el texto presentado por los fiscales estadounidenses a las autoridades británicas En concreto, la frase «causar lesión a Estados Unidos» proviene de la Ley de Espionaje. Y según Goodale, no fue insertada en la acusación por casualidad. «Las referencias a la conspiración bajo la Ley de Espionaje en la acusación en contra de Assange hace pensar que Estados Unidos podría cambiar la carnada. O sea, primero sacar a Assange del sistema judicial británico como sea para después acusarlo de espionaje una vez que se encuentre en territorio de Estados Unidos.»

Pero para llevar adelante semejante estrategia los fiscales deben sortear un escollo no menor: el tratado de extradición no permite que una persona sea juzgada por un crimen diferente al por el cual fue extraditado. Sin embargo, dicho escollo legal no sería insalvable, opinó el ex abogado jefe del New York Times. «Hay una excepción a la prohibición de presentar nuevas acusaciones después de la extradición. Se trata de cargos adicionales que se basen en los mismos hechos por los que la extradición fue concedida. En otras palabras, Assange podría ser acusado de espionaje si esos cargos se presentaran como una profundización de la acusación por delitos informáticos,» explicó Goodale.

Pase lo que pase es altamente improbable que Assange sea condenado a muerte. Virginia es uno de los 30 estados entre los 50 del país norteamericano que aplica la pena capital. Es el más rápido en ejecutar a sus sentenciados, con un promedio de ocho años de espera, y es segundo detrás de Texas en cantidad de ejecutados desde 1976 (114, sobre un total de casi 1500). Pero tanto la legislación británica como la europea a la que Reino Unido suscribe prohíben extraditar personas a países con pena de muerte a menos que el país receptor garantice que dicha pena no será aplicada al extraditado.

La exigencia británica del respeto a la vida del extraditado no garantiza que Assange recibirá un trato respetuoso de los derechos humanos en un centro de detención estadounidense. Su supuesta fuente en la megafiltración llamada Cablegate, Chelsea Manning, detenida en 2010, condenada a 35 años y perdonada por Barack Obama a los siete, recibió en la cárcel un trato «cruel, inhumano y degradante, equiparable a la tortura», según dictaminó en 2012 el entonces relator especial para la tortura de la ONU, Juan Méndez. Mientras Manning recibía ese trato, sus interrogadores insistían en demandarle que involucrara a Assange en un supuesto complot de espionaje. Hace dos meses Manning fue detenida nuevamente y hasta hoy permance en una celda de aislamiento por negarse a contestar preguntas sobre Assange ante el Gran Jurado de Alexandria.

La nueva detención de Manning y la negociación informal para sacar a Assange de la embajada ecuatoriana en Londres son apenas dos botones de muestra de la creciente intolerancia del gobierno estadounidense a la filtración de información sensible desde la llegada a la presidencia de Donald Trump dos años atrás.

Según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en inglés), seis personas han ido a juicio por espionaje debido a sus filtraciones a periodistas desde la asunción de Trump, casi el doble de rápido que en los 8 años de Obama, período en el cual diez personas fueron juzgadas. La administración Trump dictó procesamientos por filtrar a la prensa información secreta de la Agencia de Seguridad Nacional (Reality Winner fue condenada a cinco años de cárcel), el FBI (Terry Albury, condenado a cuatro años cárcel) y la CIA (Joshua Schulte, detenido por difundir herramientas de hackeo de la agencia a través de WikiLeaks, está a la espera de ser juzgado.)

Claro que juzgar y condenar a Assange, un publicador de información secreta, sería muy distinto que ir en contra de los filtradores. Los principales medios de Estados Unidos (y del mundo entero) fueron socios de WikiLeaks en la publicación de sus filtraciones más impactantes y la primera enmienda de la constitución estadounidense protege explicitamente la libertad de expresión. Por eso los fiscales de Alexandria, en sus allanamientos e interrogatorios de testigos, insisten en buscar evidencias de que Assange participó en sus filtraciones de una manera distinta a la que habitualmente hacen los periodistas y que no fue simplemente un receptor pasivo de información que le llegó de manera anónima.

En ocho años de investigación, al parecer, apenas consiguieron un chat borrado que sugiere un intento fallido de descifrar una clave secreta y una narrativa legal, sin correlato empírico, que habla de una supuesta «lesión» a Estados Unidos. En tiempos de Trump, fake news y posverdad no hace falta mucho más para castigar al principal responsable de desnudar al Estado vigilante.

«La detención de Assange» -escribió Bruno Galizzi, de la Fundación Garzón en eldiario.es- «es un paso más dado por quienes quieren retroceder a épocas pretéritas cuando reinaba la opacidad, recortando nuestros derechos fundamentales y castigando a quienes dan a conocer los secretos que avergüenzan a quienes detentan el poder.»

About Author

Santiago O'Donnell es el director general de Medio Extremo. Es editor jefe de internacionales en Página 12. Y autor de tres libros: ArgenLeaks, Politileaks y Derechos Humanos® La historia del CELS. Antes de MX, trabajó en Los Angeles Times, The Washington Post y La Nación. Escribile a contacto@medioextremo.com

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