[PANAMÁ PAPERS] La dama de cemento: Amalita

María Amalia Sara Lacroze de Fortabat heredó en 1976 la cementera Loma Negra y alrededor de 155.000 hectáreas. Con la muerte de su marido, la empresaria y coleccionista se convirtió en una exponente de la “oligarquía diversificada”, denominación utilizada para referirse a un conjunto de grupos empresarios locales y extranjeros que distribuyeron sus intereses en la industria, el agro y otras actividades privilegiando el proceso de valorización financiera sobre la inversión productiva. No le fue mal. A mediados de los noventa, las revistas especializadas llegaron a valuar su fortuna en 1.600 millones de dólares.

Comenzó a amasar ese capital durante la última dictadura militar, formó parte de los “capitanes de la industria” durante el gobierno de Raúl Alfonsín y gozó de un espacio privilegiado en los años noventa, cuando su amigo Carlos Menem la nombró embajadora plenipotenciaria y titular del Fondo Nacional de las Artes. Al estallar la crisis de la convertibilidad jugó un rol activo desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA) para reclamar que el peso de la deuda en moneda extranjera de los grupos empresarios más poderosos fuera asumido por el Estado.

Para noviembre de 2001, casi el 70% de los pasivos de Loma Negra estaba compuesto por deuda en dólares no pesificable. Ante el “fracaso” de las gestiones de la AEA y en una situación de fragilidad financiera, Amalita comenzó a renegociar con sus acreedores la deuda de la compañía. El proceso culminó en septiembre de 2003 con la reestructuración de una porción relevante de la deuda bancaria así como de una serie de bonos en pesos que estaban en poder de las AFJP. Una investigación realizada por Alejandro Gaggero sostiene que la clave del acuerdo “fue un aporte de efectivo por unos 70 millones de dólares por parte de los accionistas de Loma Negra para rescatar deuda vieja (con descuento) por unos 120 millones de dólares. El desembolso provino de la venta de distintos activos de la accionista principal especialmente campos: alrededor de 20.000 hectáreas en las localidades de Azul, Olavarría, Laprida, Carlos Pellegrini, Tandil y Cacharí”.

El nombre de Amalita aparece en los Panama Papers para esa misma época desprendiéndose de una empresa llamada Comfinco S.A. en Uruguay, a través de la cual controlaba un campo en el departamento uruguayo de Paysandú. A diferencia de algunos de sus pares de la cúpula empresaria argentina, ella no recurrió a los servicios de Mossack Fonseca. Quien convocó a esos intermediarios fue el comprador, que utilizó una sociedad offshore panameña llamada Rosewall Enterprises Inc. para concretar la transacción sin dejar demasiadas huellas. “Adjunto el contrato de compraventa de acciones que motiva la autorización de la Junta Directiva de Rosewall Enterprise Inc. a favor del Sr. Pablo Javier Escobar Gómez, uruguayo, mayor de edad, con cédula de identidad uruguaya Nº 3.653.417-4”, revela uno de los diecinueve archivos referidos al caso aunque en el curso de esta investigación no fue posible corroborar la identidad del comprador ni descartar que sea un testaferro. “Por supuesto descartamos la confidencialidad con relación al cliente y a la operación. Con relación a la operación desde ya te adelanto que el pago de la misma está totalmente cancelado. Como ya te adelanté es de urgencia este trámite”, reclama la abogada del estudio uruguayo BKZR a su contraparte en Mossack Fonseca que está a cargo de habilitar el instrumento offshore.

El contrato de contraventa que forma parte de los documentos ofrece detalles de la operación en que Lacroze de Fortabat vende la totalidad de las acciones en Comfinco S.A. Si como aseguran los e-mails de los intermediarios panameños la venta se concretó, entonces la empresaria argentina recibió 2.632.441 dólares: 542.046 se pagaron por adelantado y los 2.090.395 millones restantes se cancelaron antes del 12 de septiembre de 2003 en una cuenta del Citibank NY. El documento se limita a señalar que Amalita es dueña de la totalidad de la empresa, pero no presenta información adicional.

La hipótesis de que la Compañía Financiera y Comercial (Comfinco) era la controlante de un extenso campo en la zona denominada Rincón de Pérez en Paysandú se sustenta en las declaraciones de un senador uruguayo en 1992 y en una publicación digital de 2012. “En el período 1940-1950 la estancia El Rincón pasa de propiedad de la marquesa española Martina Boussonague de Elío a la familia argentina Fortabat”, aseguran los autores de la revista. El repaso histórico que proponen recuerda que en 1992 la empresa Comfinco S.A. fue denunciada por la desecación de bañados. La disputa llegó al parlamento uruguayo. Las minutas de la sesión parlamentaria celebrada el 18 de agosto de ese año muestran al senador Pedro Toledo desempolvando una iniciativa de 1949 para expropiar esos terrenos y crear allí un Parque Nacional. “Para entonces las 4.000 hectáreas habían sido adquiridas por Comfinco. Según informaciones que me han llegado, dicha empresa pertenecía a una adinerada porteña de la zona de Loma Negra, doña Amalia de Portales [sic]”, es la imprecisa versión vertida por el senador uruguayo al recordar la vieja propuesta y referirse a María Amalia Sara Lacroze Reyes Oribe de Fortabat Poutrale. Las fechas coinciden con las del contrato de compraventa de acciones firmado por la empresaria. A pesar de los reclamos para salvaguardar esos terrenos, la incorporación al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas de los Montes del Queguay, ubicados apenas a 110 kilómetros de la ciudad entrerriana de Colón y a más de 450 kilómetros de Montevideo, se concretó recién en 2014.

Con o sin los 2,3 millones de dólares que, según los Panama Papers, le reportó la venta de la uruguaya Comfinco S.A. en 2003, Amalita consiguió los fondos frescos necesarios, y Loma Negra reestructuró su deuda. El paso siguiente fue la venta de la compañía, concretada en 2005 con la ayuda del banco JP Morgan, que estuvo a cargo de encontrar al comprador. El grupo brasileño Camargo Correa pagó 1.025 millones de dólares por la empresa y sus controladas Lomax (hormigones), la concesión del ferrocarril de carga Ferrosur Roca y Recycomb (reciclado de residuos), incluidos sus pasivos, que estaban estimados en 200 millones de dólares. Fuera de la transacción quedaron la firma agropecuaria del grupo denominada Estancias Unidas del Sud y la firma holding Compañía Comercial y Financiera.

Continuaron en la actividad agropecuaria, pero los antiguos dueños de Loma Negra no destinaron una porción relevante de los fondos recibidos a nuevas inversiones productivas. Los periodistas Ignacio Chausis y Leandro Renou explican en Morgan Papers que una práctica habitual en la gestión de grandes activos es que el banco de inversión encargado de la venta de una empresa sea designado también para administrar los fondos producidos en esa operación. Convencida de que el banco JP Morgan había “malvendido” su activo más preciado para cobrar de forma exprés la comisión, Amalita se inclinó por otro administrador.

La ex propietaria de Loma Negra eligió a Tilton Capital. La firma estaba encabezada por Alfonso Prat-Gay. El ex ministro de Economía durante el primer año de la presidencia de Mauricio Macri, ex diputado nacional y ex presidente del Banco Central, se desempeñó en el JP Morgan entre entre 1994 y 2001.

La contadora Magdalena Rúa explica que “quienes administran las cuantiosas fortunas familiares suelen ser ex banqueros de private banking con amplia experiencia profesional, que trabajan de forma independiente en oficinas privadas. Estos son los family office, que se especializan en servicios de intermediación financiera para este segmento de clientes, brindando un servicio integral personalizado con amplias oportunidades de inversión”.

Por eso, conocer adónde fueron a parar los fondos recibidos por Amalita tras la venta de Loma Negra es prácticamente imposible aunque, como sugirieron algunos de los individuos involucrados en la operatoria, una porción fue colocada fuera de la Argentina. No fueron los Panama Papers sino los datos de las cuentas del HSBC Private Bank de Ginebra, filtrados por el ex empleado del banco suizo Hervé Falciani, los que revelaron que Lacroze de Fortabat abrió una cuenta en esa entidad. La apertura se registró el 29 de julio de 2005, tres meses después de vender la compañía. La cuenta que tenía como “usuario de internet” a Prat-Gay estaba compartida con su nieta Amalia Adriana Amoedo, y ambos fueron denunciados por la AFIP. En noviembre de ese año, los archivos del HSBC muestran que alcanzó un patrimonio equivalente a 100,3 millones de dólares. Los fondos estaban distribuidos en distintos activos: 98.803.952 dólares en bonos, 499.130 dólares en cuotas parte de fondos de inversión en activos bursátiles (“Funds in shares”), 52.906 dólares en efectivo y acciones por 950.950.

Además de Prat-Gay, los registros del banco en Suiza muestran que el HSBC Bank USA International Private Banking New York recibió una “carta de autorización” (letter of autorisation), que significa que ejecutivos de la entidad financiera podían administrar los fondos de la cuenta. Los datos secretos sustraídos por Falciani, que están en poder de la justicia local, dan cuenta de una operación: la venta de 12.600 acciones en la firma Louis Vuitton-Moët Hennessy en el mes de septiembre de 2005, que le reportó más de un millón de dólares.

Texto publicado en el libro ARGENPAPERS (Sudamericana, 2017),  escrito por Santiago O’Donnell y Tomás Lukin. Las fotos no corresponden al libro.

About Author

Santiago O'Donnell es el director general de Medio Extremo. Es editor jefe de internacionales en Página 12. Y autor de tres libros: ArgenLeaks, Politileaks y Derechos Humanos® La historia del CELS. Antes de MX, trabajó en Los Angeles Times, The Washington Post y La Nación. Escribile a contacto@medioextremo.com

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