EL PODER JUDICIAL DE RÍO NEGRO DESDE LA BARILOCHE MILITARIZADA: DOS FALLOS CUESTIONAN LA CONDUCCIÓN DE LA POLICÍA Y A FUNCIONARIOS PROPIOS

En la misma sala de audiencias públicas de la Circunscripción III de la justicia provincial con asiento en Bariloche, este 4 de diciembre se conocieron dos fallos que ofrecen numerosos elementos de análisis sobre algunos conflictos estructurales en la región, identificados a partir de la práctica y reflexión realizada desde la Multisectorial contra la represión y la impunidad: el rol de las policías provinciales en democracia; la falta de control institucional y ciudadano de esas policías; el rol del poder judicial como contralor de esa policía y del Ejecutivo que las comanda; las concepciones ideológicas dominantes al interior del poder judicial sobre el conflicto social contemporáneo, la judicialización de la protesta social y la represión de la protesta social; y, la falta de control institucional y ciudadano del poder judicial, entre otros ejes.

© Roxana Sposaro

Algunos lazos entre los casos

Durante la gobernación de Miguel Saiz (UCR) y la responsabilidad del mismo ministro de Gobierno Diego Larreguy, la policía rionegrina cometió crímenes en pleno ejercicio de sus funciones, cuyos expedientes judiciales tardaron 8 años en tener algún tipo de resolución, que no necesariamente implica justicia.

Una Cámara criminal subrogante falló condenando a un ex funcionario público (Víctor Cufré, secretario de Seguridad) y a dos ex altos mandos de la cúpula policial (Jorge Villanova, titular de la Jefatura; Argentino Hermosa, titular de la Regional III) por ser los responsables políticos y operativos de la represión estatal a una protesta social legítima que derivó en la muerte de dos jóvenes y quince heridos.

Otro tribunal, también subrogante, desbarató la hipótesis de la Fiscalía de presunto suicidio de un joven en una comisaría de El Bolsón en febrero de 2011 y, consecuentemente, absolvió a los dos policías imputados en la causa.

Martín Lozada, jefe del equipo de fiscales de la Circunscripción III, actuó en los dos casos. En el caso de los crímenes de junio de El Alto retiró todos los cargos contra el ex titular de la comisaría 28, responsable de la patrulla que mató a Diego Bonefoi primero y de uno de los grupos de policías que tomó represalia directa contra las viviendas de los jóvenes del barrio que acompañaban al adolescente asesinado. También pidió la reducción de las penas contra seis imputados, generando las condiciones institucionales favorables para que la Cámara bajara el monto de las penas solicitadas.

En el caso del crimen de Guillermo Coco Garrido, desde el comienzo Lozada fue cuestionado por abonar la hipótesis fraudulenta del suicidio. El martes se retiró abucheado de la sala de audiencias.

En otras coyunturas políticas, las críticas a la acción de Lozada no se expresaban en voz alta “para no hacer el juego a la derecha”, verdadera extorsión moral y política que se terminó el martes pasado, al menos para muchos de nosotros. Como juez de instrucción Lozada no inició ni impulsó una investigación sobre los secuestros y detenciones ilegales cometidas el 18 de junio del 2010 a la tarde, cuando la comisaría N°2 del Centro Cívico se convirtió en una mazmorra regada con la sangre de por lo menos 15 jóvenes empastando el piso hasta su liberación la madrugada del sábado 19. Tampoco investigó a la comisaría de Melipal por las detenciones ilegales de esa misma tarde, donde los pibes secuestrados estuvieron por horas sin conocer su destino. Uno de ellos, Mario Cayún, dio un valiente testimonio y estuvo secuestrado en esas dos comisarías después de sufrir torturas y lesiones graves.

El deber de “memoria, verdad y justicia” incluye revisar a fondo el papel de los funcionarios públicos del poder judicial, entre los que se encuentra el propio Lozada, así como en otras ocasiones lo hemos hecho con el juez Ricardo Calcagno, por sus intervenciones en casos de violación a los derechos humanos por parte de la policía y de persecución a las comunidades mapuche.

Mario Altuna, abogado de Bariloche ya fallecido, fue el abogado de la Jefatura y defensor de la cúpula condenada en este caso, así como de muchos policías en casos de torturas y vejaciones. Fue uno de los críticos “por derecha” de Lozada, referente de la defensa de los DDHH ante algunos sectores sociales y políticos. Altuna y Lozada concursaron al mismo tiempo por el cargo de jefe de fiscales de la III Circunscripción; Lozana accedió al cargo, Altuna asumió al frente de la Jefatura de policía. Esta multisectorial se movilizó para evitar el acceso de Altuna a la fiscalía.

Una reflexión crítica del proceso vivido y construído en estos ocho años exige volver a revisar públicamente los propios movimientos, así como el de los actores del poder con los que intervinimos para lograr este juicio oral y público: todos los jueces y fiscales que intervinieron en el expediente, las distintas procuradoras generales, presidentes del STJ, diputados y senadores nacionales, funcionarios del Ejecutivo. Hoy como ayer hablamos con absoluta libertad, sostenida en la plena autonomía política.

Responsabilidad política y responsabilidad penal de la cúpula

La justicia confirmó en términos jurídicos lo que sostuvimos en términos políticos desde el primer momento: la condición de jefes políticos y operativos de la policía los hace máximos responsables de los hechos que materializaron el centenar de efectivos (regulares y del cuerpo especial BORA) desplegados desde distintas unidades hacia el barrio.

Cufré, Villanova y Cufré fueron condenados a 4 años de prisión efectiva como coautores de: incumplimiento de los deberes de funcionario público por todo el dispositivo represivo contra la protesta popular; homicidio culposo en dos casos; lesiones culposas en dos casos; y lesiones leves en trece casos.

Ninguno de ellos estuvo en el lugar de los crímenes, ni tuvo un arma en la mano, ni entregó la munición de plomo en mano, ni dió una orden directa de matar ni de herir a nadie durante esas horas sangrientas. La responsabilidad penal es la que tienen en un sistema jurídico en que los funcionarios públicos rinden cuenta por sí y por sus subordinados, lo que expresa con toda claridad el fallo.

“El Jefe de Policía Villanova por su experiencia en la fuerza no podía confiar en que el personal enviado al lugar de los hechos obrara de la forma debida, pues lo ocurrido con Bonefoi esa madrugada y los acontecimientos de esa mañana, constituían una clara señal de que debía por el contrario, dudar de la conducta de los efectivos policiales y adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de todos los ciudadanos, incluido los policías”, dice textualmente el voto emitido por Marcelo Barrutia, presidente del tribunal.

Afirmó también que los tres jefes causaron con las pocas medidas tomadas y con sus omisiones “una agresión armada y desmedida, el uso irracional y desproporcionado del uso de la fuerza policial en contra de los manifestantes, la portación de escopetas 12/70 y 12/76 por parte de personal policial que no había realizado previamente el curso de escopetero, la utilización de proyectiles Propósito General (PG), la concreción de disparos con las armas referidas sin la realización del necesario rebote previo en el suelo, el suministro de proyectiles Propósito General (PG) por una empresa de seguridad privada (Prosegur), la portación y exhibición de armas reglamentarias en forma innecesaria, todos comportamientos contrario a las normas Constitucionales y legales vigentes”.

La cúpula agravó “la situación al convocar en forma indiscriminada a policías que no tenía ni la preparación ni la experiencia para afrontar el caso”. Consideró que se hubieran evitado las víctimas “si hubiese ordenado solo la utilización de los medios idóneos (Bora) e incluso convocado a otros integrantes de esa Brigada con sede en otras localidades de ser necesario –para lo cual tenía amplias facultades- y si hubiese, como era su obligación y ajustado el proceder policial a la Constitución Provincial y a las leyes vigentes, si en definitiva, hubiese obrado con diligencia, prudencia, de acuerdo a los reglamentos y con la pericia que el caso le exigía, los hechos que se le adjudican en calidad de autor no habrían ocurrido. Los policías convocados sin razón, que no contaban con la formación necesaria para actuar en el episodio, ante la falta de un plan como así ante la ausencia de dirección y control, dispararon en forma indiscriminada y antirreglamentaria las escopetas de la institución en contra de los manifestantes, tanto con munición antitumulto (AT) como también utilizando munición de plomo (PG) causando las muertes y las lesiones”.

El hecho que la investigación judicial de origen no incluyera los hechos de los días posteriores impidió profundizar sobre el verdadero desempeño de la BORA en la represión. El recorte temporal y espacial al 17 en el barrio comprende un desempeño ajustado a la ley por parte del grupo especial, a diferencia de toda la violencia y vejaciones constatadas en otras oportunidades.

El fallo sostuvo, además: que la presencia en las calles de jóvenes constituyó una protesta social en repudio al crimen de Diego; que se reprimió una protesta social; que en Argentina está garantizado el derecho a la libre expresión y a la protesta; que no está prohibido el uso de munición de plomo para reprimir una protesta; que no se acreditó el uso de armas de fabricación casera por parte de los manifestantes; que no se acreditó ningún caso de policías heridos por armas de fuego.

La Cámara dedicó un análisis a las pericias, no sólo en su contenido sino en su uso discrecional por parte de la defensa. Respaldó el valor pericial del informe presentado por el equipo interdisciplinario coordinado por el físico forense Rodolfo Pregliasco, el que gestionó esta Multisectorial ante la Procuradora general Liliana Piccinini en su momento. Además, cuestionó la pericia balística de un experto de la policía federal propuesto por la defensa que pretendió forzar la hipótesis del presunto uso de “tumberas” durante la protesta.

Sergio no murió en riña

A diferencia del crimen de Teresa Rodríguez durante la represión a la revuelta popular de Cutral Có que quedó impune por no poder identificar de un pelotón al autor material del disparo homicida, fueron condenados los tres escopeteros identificados del grupo de cinco que disparó causando la muerte de Sergio Cárdenas.

El tribunal además cuestionó la figura penal de “homicidio en riña” con que la Fiscalía elevó el caso y presentó los cargos contra los efectivos Sobarzo, Pil y Epuñán. Precisó que una riña supone un oponente, lo que no fue el caso de Sergio que era un espectador desarmado víctima de una emboscada policial.

La crítica como instrumento de memoria, verdad y justicia

Como espacio organizativo de base, es nuestra necesidad e intención analizar el proceso iniciado en junio de 2010 -desde la resistencia a la represión masiva perpetrada desde El Alto a toda la ciudad-, y desarrollado desde entonces en diálogo con otras víctimas, familiares y sectores que en otros puntos de la provincia también reclaman por la impunidad de la violencia de Estado perpetrada por las fuerzas policiales, muchos casos previos a la crisis del 17 de junio.

La reparación del daño cometido por la represión masiva a la población civil desarmada apenas se alivia con el fallo condenatorio emitido por la Cámara Criminal I de Bariloche, que seguro será apelado por la defensa y prolongará el efectivo cumplimiento de la prisión.

Por fuera de lo estrictamente jurídico, reconocemos en estos fallos como parte de nuestro camino por memoria, verdad y justicia por los crímenes cometidos desde el Estado en democracia contra el pueblo. También habla del papel fundamental que juega el poder judicial respecto al rol estructural de las fuerzas represivas en esta provincia, así como de las trayectorias personales de algunos de sus hombres que en general no rinden cuenta ni a las víctimas, ni a sus familias, ni al conjunto de la sociedad por su labor profesional en una función pública.

Culminó una etapa del proceso impuesto con violencia el 17, 18 y 19 de junio de 2010. El fallo condenatorio es una reparación mínima a las pérdidas irreparables de las familias. Persiste la necesidad y el deber de reparación integral para un barrio cuyas casas tienen en las paredes las huellas de las balas.

Documento final de la Multisectorial contra la represión y la impunidad de Bariloche, 5 de diciembre de 2018. Podés seguir la cobertura especial que realizó la periodista Susana Lara del juicio oral y público en Bariloche a través de este link

About Author

Susana es la editora de Patagonia Extremo.

Leave A Reply