Caleta Córdova: la Cámara de Apelaciones ordenó investigar un caso de contaminación

La vía judicial como alternativa de freno y a veces de reparación de los daños por contaminación exige muchísima paciencia a los colectivos sociales que los impulsan, para enfrentarse tanto a los capitales privados y al propio estado en defensa de mínimos estándares de calidad de vida.

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia dispuso que siga la investigación por presunta contaminación del barrio Caleta Córdova por derrame de hidrocarburos. La jueza federal Eva Parcio había desestimado la causa por “inexistencia de delito” pero esa decisión fue revocada por Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, tras una audiencia con los querellantes y la Fiscalía General, según un fallo al que tuvo acceso ADNSUR.

El expediente se había iniciado por la denuncia de los vecinos del barrio. El 10 de abril de 2017, en circunstancias en que había marea baja en la zona costera de la Playa Los Alemanes, fueron a sacar pulpos y mariscos, dado que se dedican a la elaboración de productos de mar y por la proximidad de Semana Santa, y divisaron manchas de petróleo que, según los rastros que siguieron, provenían del Yacimiento CAPSA o Solano cercano a la zona de Loma Blanca.

Al sumario lo instruyó el Ministerio Público Fiscal y la juez subrogante dispuso la delegación de la dirección de la investigación al fiscal, quien produjo distintas diligencias probatorias, tras las cuales solicitó la desestimación de las actuaciones por considerar que no puede atribuirse responsabilidad por dolo ni culpa a la empresa CAPSA.

La Cámara coincidió con la querella con que “la decisión conclusiva resulta prematura” ya que para justificar el archivo, el fiscal se basó en un informe técnico de Prefectura Naval Argentina que concluyó que no existe coincidencia entre las muestras analizadas en el espejo de agua de playa Caleta Córdova con las extraídas a la vera de la ruta provincial 1 y cerca del pozo AE 1032.

Además las inclemencias climáticas y fuerza inusual del temporal de lluvia generaron una situación de emergencia que habría imposibilitado que el evento estuviera “dentro del alcance de la empresa CAPSA”.

EMERGENCIA

“A nuestro entender la conclusión peca de simplista a la luz de la complejidad que presenta el bien jurídico tutelado y que compromete al medio ambiente y su sustentabilidad y de la escueta prueba producida”, dijeron ambos jueces según el fallo al que tuvo acceso ADNSUR.

Además de la falta de profundización debido a la escasez de las muestras, según quedó constancia en la pericia, se suma que se obtuvieron el 9 de abril de 2017, cuando CAPSA ya estaba abocada a las tareas de saneamiento. Además otro informe indica como posible origen del derrame –en aparente contradicción con la pericia­ la rotura de la línea de conducción del pozo –que estaba parado­ por el accionar de un torrente de agua y barro del temporal.

“Sin embargo, la instrucción no clarifica las evidentes contradicciones ni profundiza la pesquisa a fin de determinar, en todo caso, de donde provendrían las sustancias oleosas hidrocarburíferas detectadas en la zona de Caleta Córdova”.

El dictamen fiscal, explicó la Cámara, “luce cuanto menos contradictorio por cuanto califica de concluyente el informe de Prefectura mencionado, que no establece compatibilidad entre las muestras extraídas, entre ellas las del Pozo 1032, pero destaca que la empresa CAPSA –su propietaria adoptó las medidas de remediación y que, dada la emergencia climática el hecho denunciado quedó fuera de su alcance”.

Es decir: o bien el material contaminante pertenecía al pozo de CAPSA y por la emergencia climática no se le podía exigir más cuidado para evitar la filtración o, por el contrario, las sustancias oleosas no le correspondían, en cuyo caso debieron profundizarse las tareas para determinar su origen.

“Tampoco se ha ahondado la pesquisa a fin de determinar si la referida sustancia pudo corresponder a resabios del derrame de 2007, puesto que si fueron adoptadas en aquella ocasión medidas de contención y saneamiento, las mismas no lucen eficientes, circunstancia que presenta nuevamente el interrogante acerca de la concurrencia de conductas penalmente reprochables, puesto que tal como lo establece la Ley 25.675, la restauración debe ser efectivamente realizada y no pude ser reemplazada por compensaciones de carácter económico”. Tampoco se verificó el estado actual del sector afectado.

La pesquisa debe profundizarse “pues estos actuados dejan entrever el impacto que puede ocasionarse. En el sumario se hipotetiza acerca del origen del producto constatado en la zona pudo corresponder a un derrame acaecido en 2007. Esto es once años atrás, lo cual pone de manifiesto claramente la trascendencia, en el tiempo, de estos hechos”.

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Susana es la editora de Patagonia Extremo.

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