El nuevo proyecto de extranjerización de tierras rurales

OTRA VUELTA DE TUERCA. El oficialismo busca por ley mayor incorporación de los capitales trasnacionales al mercado de la tierra rural en todo el país. A dos años de flexibilizar (por decreto) el decreto reglamentario de la Ley 26.737 sancionada en 2011, que fija el “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”, ingresó al Senado un proyecto de ley para consolidar esa política estratégica. Cualquier modificación legal sobre las condiciones de acceso a la tierra rural, pública o privada, tendrá impacto central en el mapa geoestratégico de la Patagonia.

La Senadora rionegrina, Magdalena Odarda (RIO), se mostró preocupada frente al nuevo proyecto que presentaron desde Cambiemos en el Senado nacional, que busca reformar la actual ley de extranjerización de tierras rurales (Ley 26.737), y aseguró que con las modificaciones “se pretende abrir la puerta” para las operaciones de compra por parte de ciudadanos y empresas extranjeras para “tierras estratégicas que guardan una vital importancia para los argentinos”.

“Luego de un pormenorizado análisis de la normativa vigente, y de los puntos que el nuevo proyecto pretende reformar, resulta necesario evidenciar el notorio retroceso que la aprobación del mismo significaría para la soberanía nacional y para el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos”, manifestó Odarda.

En ese sentido la parlamentaria se refirió a que la actual legislación involucra a “todo predio ubicado fuera del ejido urbano, independientemente de su localización” en su artículo 1. Por el contrario, dijo Odarda, el proyecto de Cambiemos lo reduciría a “todo predio ubicado fuera de los ejidos urbanos, en zonificación declarada como productiva o de servicios por las autoridades locales”, según lo expresó la senadora sobre el artículo 2 del proyecto que fue presentado, mencionando que cuando no se trate de una zona “productiva o de servicios”, dicha tierra no será abarcada por la ley.

Odarda también mencionó que cuando una operación de compra no cumple con los requisitos legales, la ley vigente dispone la nulidad total, absoluta e insanable de la misma, pero señaló que el proyecto presentado “torna a la operación simplemente en ´anulable´, por lo que se la puede convalidar abonando una multa de entre el 10 y el 20% del monto de la operación, contando asimismo con un plazo de 3 meses para ´desinvertir´”, explicó sobre el artículo 7 de la nueva iniciativa.

También hizo mención sobre el actual límite del 15% para que los extranjeros adquieran tierras rurales, tanto a nivel nacional como en cada provincia, exigiendo que cuando se trate de ciudadanos de una misma nacionalidad el porcentaje no supere el 30 %, como consta en el artículo 8 de la actual Ley. Al respecto advirtió que el nuevo proyecto “al contrario, elimina dicho requisito y se limita a explicar que no pueden ser titulares de tierras rurales ´los estados o las personas de derecho públicas extranjeras´, criticó la legisladora sobre el artículo 9.

Uno de los aspectos que mas generaron preocupación de Odarda implican que la ley actual sólo autoriza la compra de hasta mil hectáreas por cada persona extranjera, y prevé excepciones según cual sea la localización de las tierras y su proporción respecto del municipio o provincia, o en cuanto a la capacidad y calidad de las tierras para su uso y explotación.

El proyecto de Cambiemos, sin embargo, habilita a que un extranjero sea propietario de mucho más de mil hectáreas cuando el interesado ´posea antecedentes relevantes en esa actividad, no perciba subsidios por parte de un estado extranjero, la inversión prevista mejore la productividad, genere directa o indirectamente empleos´”, citó la senadora y agregó que esto también sería una excepción “cuando el proyecto colabore en la protección del medio ambiente y la biodiversidad´”, citó al artículo 12 de la iniciativa oficialista.

“Es decir que habilita indirectamente excepciones en la cantidad máxima de hectáreas cuando los que compran sean empresarios tales como Joseph Lewis o el Emir de Qatar”, señaló.

Odarda manifestó que lo “más grave” se desprende del hecho de que “la ley vigente prohíbe expresamente que los extranjeros adquieran inmuebles ubicados en ´zonas de seguridad de frontera´, pero que por el contrario, “el proyecto de Cambiemos lo permite abiertamente cuando ´sea previamente autorizado por la Autoridad de Aplicación en base a los criterios del artículo 12´”, citó Odarda y aclaró que “en los mismos casos en los que habilita a los extranjeros la posibilidad de adquirir más de 1.000 has por alta productividad, generación de empleos, protección de biodiversidad, etc, por lo que el concepto de ´zona de seguridad de fronteras´ dejará de serlo en favor de los argentinos en virtud de un criterio meramente utilitario”, criticó.

“En definitiva la mera posibilidad de que un proyecto de estas características hubiera tomado estado parlamentario frente al silencio oficial y en momentos del álgido debate sobre otros temas relevantes del quehacer nacional, nos debe preocupar como argentinos y como beneficiarios de los bienes comunes a los que debemos, y queremos, seguir teniendo acceso”, concluyó.

 

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Susana es la editora de Patagonia Extremo.

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