Una corte para la democracia

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En enero de 2002, luego de la debacle del gobierno de Fernando De la Rúa y de la indignación popular por el corralito y el toque de queda, un grupo personas provenientes de organizaciones no gubernamentales pensó que una democracia sólida y estable requería de un Poder Judicial legítimo, creíble, neutral. La Corte Suprema menemista, la de la mayoría automática, la impresentable, era justamente lo contrario. Ese grupo de personas creó la Alianza Una Corte para la Democracia, integrada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Poder Ciudadano, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Unión de Usuarios y Consumidores y el CELS.  

Los borradores de un plan empezaron a ir y venir entre las partes. Sabían que se estaban jugando una carta casi imposible, pero le metieron para adelante y elaboraron un documento llamado, precisamente, “Una Corte para la Democracia “. La propuesta había empezado a rebotar en los medios y hasta el circunstancial Ministro de Justicia de la presidencia de Eduardo Duhalde -Jorge Vanossi- los convocó para discutir la propuesta. Pero fue Gustavo Béliz, el Ministro de Justicia de Néstor Kirchner, quien articuló los primeros pasos para que ese documento fuese la columna vertebral de las medidas que su Ministerio estaba listo para discutir y aplicar. Cuando Kirchner comenzó a instalar el tema del juicio político a la Corte, Andrea Pochak empezó a creer que algo podía pasar. Lo confirmó cuando HV le dio una noticia determinante: “Me llamó Béliz, quiere hablar del documento”. También lo había llamado a Gregorio Sabsay (de la ADC) y les comentó que cuando era legislador le había llegado el borrador de UCPD. “Ahora es tiempo de hacerlo. Quiero implementarlo”, les dijo. Verbitsky le propuso recibirlo en el CELS. “Vení y te esperamos con las demas organizaciones”, invitó. No hubo demasiadas vueltas que dar ni puntos que acordar. Cuando HV le daba los detalles a Pochak, ella no podía salir de su asombro: “No, Horacio, no va a venir un ministro al CELS, ¿no es que vamos nosotros?”. Pero sí, el Ministro iba. Ese día, Béliz llegó junto a Alberto Fernandez –Jefe de Gabinete–  y Pablo Lanusse, el Secretario de Justicia. Verbitsky, Pochak y otros miembros del equipo y de las demás organizaciones que rubricaban el documento los recibieron en las oficinas de la calle Piedras. Mientras todos hablaban al mismo tiempo, Pochak se fijaba cómo el ministro tomaba nota de todo, preguntaba, hablaba y consultaba con su equipo. Luego de un par de horas, los visitantes empezaron a irse y los anfitriones llegaron a pensar que era otra reunión más que conduciría a otra y a otra y a otra. Pero antes de abandonar la oficina se sorprendieron cuando Béliz dijo: “Sólo resta ver quiénes van a trabajar en el borrador del Decreto”. Mucho antes de lo pensado, el teléfono de Pochak volvió a sonar y era otra vez HV. “Kirchner va a anunciar el decreto, la semana que viene estamos invitados al Salón Blanco”. Pochak no sabía si alegrarse o temer. El Decreto estaba terminado pero ella no lo había visto, no podía ir a  la Casa Rosada a avalar un documento que no había podido estudiar. “Nos van a cagar, nos van a cagar”, pensaba. 

Finalmente, el 19 de junio de 2003, Kirchner firmó el decreto 222/2003  que prácticamente aprobaba cada uno de los puntos que se habían propuesto en el documento “Una Corte para la Democracia” para modificar la dinámica sobre la designación de los jueces de la Corte Suprema. El Presidente de la Nación ya no tendría la competencia constitucional de nombrarlos por ser amigos. También se abría un nuevo espacio de participación ciudadana en el mecanismo de nombramientos, se fijaban criterios objetivos para determinar la idoneidad moral y técnica de los candidatos y se consagraba el principio de equilibrio de género en vistas a la composición del tribunal. En el Salón Blanco, Pochak escuchaba a NK en el estrado y vio que el documento parecía replicar casi punto por punto la propuesta de ellos. “Al final no nos cagaron”, pensó. Era el primer resultado concreto en incidencia en políticas públicas.


 

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About Author

Santiago O'Donnell es el director general de Medio Extremo. Es editor jefe de internacionales en Página 12. Y autor de tres libros: ArgenLeaks, Politileaks y Derechos Humanos® La historia del CELS. Antes de MX, trabajó en Los Angeles Times, The Washington Post y La Nación. Escribile a contacto@medioextremo.com

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