Schoklender, Madres & Co.

En el CELS el grado de corrupción es cero. El tipo de gente que trabaja ahí no lo hace por dinero. No se mueve para ver si se queda con vueltos. El CELS declara y transparenta hasta el último centavo, y lo publica. Hasta los que no quieren nada al CELS lo reconocen. Todo lo que entra por donaciones se gasta. Nadie se queda nada para comprarse un terreno, departamentos, o cambiar el auto. Por eso le siguen donando miles de dólares al año. Saben que se especializaron en usar muy bien la plata para ejecutar decenas de proyectos, que no dejan uno por la mitad, y que lo que hacen tiene impacto en la sociedad. Todo lo contrario parecía estar pasando en la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Sergio Schoklender trabajaba allí desde que habían comenzado sus salidas transitorias de la cárcel, en 1995. Había conocido a Hebe de Bonafini mientras cumplía su condena por el homicidio de sus padres, ocurrido en 1981, del que fue encontrado culpable junto con su hermano Pablo. El vínculo más cercano del CELS con Madres y Schoklender corrió por cuenta de Martín Abregú. En la política de apertura hacia la sociedad civil que Mignone había diseñado para su institución, las Madres eran una referencia obligada para consultar y construir puentes. Abregú había visitado a Schoklender en la cárcel y tuvieron una buena relación. Cuando Sergio salió en libertad, lo fue a ver a la Casa de las Madres y, a raíz de una serie de hechos desafortunados en relación con la presencia del ministro de Justicia de Menem, Rodolfo Barra, en un evento al que también estaban invitadas las Madres, la visita cayó mal y Hebe terminó echando a Abregú casi a las patadas. Junto a Hebe, Schoklender acumuló en unos pocos años un poder y una influencia insólitos hasta convertirse en la mano derecha de la presidenta de la Fundación. Fue el hombre de los números y se transformó en su apoderado legal. Cuando la institución comenzó a recibir de la administración kirchnerista millones de pesos de fondos públicos semana tras semana, esa plata pasaba por sus manos.

El 8 de mayo de 2011, Sergio Schoklender, el hasta entonces apoderado y protegido de Hebe de Bonafini, el que era tratado y querido “casi como un hijo”, como decía la propia presidenta, simplemente se fue. “Esto ya no es compatible con mis proyectos personales”, dijo Hebe que le dijo Schoklender. Y así, un día cualquiera, se desvinculó. Un par de semanas después, se deslizó que Hebe lo había echado luego de descubrir graves irregularidades en el manejo de fondos del gobierno que iban a financiar la construcción de unas cuatro mil quinientas viviendas. Solo menos de novecientas de esas viviendas habían sido terminadas y adjudicadas, mientras en las cuentas de los hermanos Schoklender se iban desviando casi cuarenta millones de pesos. Los dirigentes de las organizaciones de derechos humanos siempre habían tenido fama de intachables, nadie los podía acusar de que hacían lo que hacían por dinero. Cuando apareció la plata, aparecieron las tentaciones. Ya habían existido problemas alrededor de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia, cuando Estela de Carlotto había renunciado a su presidencia en diciembre de 2003 tras denunciar irregularidades contables. En medio de un tironeo entra las otras autoridades de la Comisión –Adolfo Pérez Esquivel, especialmente– con el Gobernador bonaerense Felipe Solá, a Carlotto pareció molestarle especialmente, entre otras cosas, el dinero asignado a un proyecto paralelo de Gabriela Cerruti, directora ejecutiva de la comisión. El proyecto consistía en un centro de estudios y en una revista –se llamaba Puentes– que, según Estela, costaba demasiado dinero para los ejemplares que tiraba y pagaba sueldos demasiado altos a demasiada gente. Verbitsky, seguro de la transparencia de los números, contestó: “Hay un solo gasto sin rendir en la comisión: los cuatro mil pesos entregados a Remo Carlotto en ocasión de un viaje a Europa con su madre para que buscara archivos que por desgracia no encontró”. Solá pretendía reducir el grado de autonomía de la comisión, lo que limitaba su devenir financiero. Así quedaba bajo su control, para lo cual había designado a Remo Carlotto, hijo de Estela, como secretario de Derechos Humanos de la Provincia. Las recriminaciones mutuas provocaron divisiones y enfrentamientos puertas adentro de la comunidad de los derechos humanos, pero a nivel de la opinión pública, la cosa no pasó a mayores.

En cambio la vergüenza por la estafa de Schoklender-Madres cayó como un martillo sobre la imagen de las Madres y sobre Bonafini, pero ahora el escándalo salpicaba a las demás organizaciones, que también recibían fondos del gobierno, sobre todo Abuelas. Por eso Estela de Carlotto fue la primera y la más interesada en destacar el problema, y además lo hizo personal: “Hebe es quien dirige esa institución y no puede estar ajena a lo que ha pasado”, dijo por entonces. Desde Madres Línea Fundadora, Taty Almeida también apuntó contra Bonafini, a quien se refirió como “esa señora”, muy secamente. Marcando la distancia, dijo: “Atrás de un pañuelo hay treinta mil desaparecidos; hay que saber llevarlo”. Los números  de Madres quedaron bajo la lupa y Hebe debió admitir la existencia de una cuenta bancaria en Estados Unidos que supuestamente les había abierto el mismísimo Mignone para recibir una donación de diez mil dólares en 1978. Las organizaciones quedaron muy expuestas y fueron blanco fácil de cualquier dirigente o editorialista opositor. Un poco a regañadientes decidieron evitar otro quiebre interno y respaldaron a la fundación a través de una solicitada que titularon “No se manchan los pañuelos”. La firmaron Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas, Familiares de Detenidos Desaparecidos e HIJOS.

Verbitsky no tuvo por qué guardarse las críticas. En Página/12 escribió que el castigo a cualquier conducta deshonesta no significaba renegar de una buena idea que, al margen del mercado, buscaba solucionar un problema habitacional integrando sectores marginados. “Sería más fácil si Bonafini ahorrara al Congreso los insultos que primero usó contra los asesinos de la dictadura y luego para dirimir diferencias políticas o ideológicas con sus compañeros de lucha del movimiento de derechos humanos y con aquellas Madres de Plaza de Mayo que no creían en el dogma de su infalibilidad”, sentenció.

Gastón Chillier se sorprendió a medias, porque ya había chocado con Hebe con el tema de las reparaciones, y luego con los Juicios por la Verdad, a los que ella se oponía. Mignone pensaba que aceptar las reparaciones era una decisión personal de la familia, en la línea de Carlotto, quien tenía claro que no le devolvían la vida de nadie pero que acaso les vendrían bien a algunos de los familiares de víctimas. “Y el que no lo quiera para él por alguna especie de dilema moral, que done la plata a un proyecto benéfico”, pensaba.

Hebe, en cambio, había afirmado que vendían la sangre de sus hijos. Carlotto ya no conservaba nada en común con Hebe y sus diferencias eran irreconciliables, no solo por las reparaciones, sino por la forma de entender su función en los años de la democracia: una basaba su trabajo en mirar al futuro buscando nietos, la otra en mirar al pasado erigiendo a sus hijos como mártires y aun esperando que se haga realidad su histórico pedido de “Con vida los llevaron, con vida los queremos”.

 

 

Capítulo perteneciente al libro “Derechos Humanos. La historia del CELS”, escrito por Santiago O’Donnell y Mariano Melamed. Publicado por primera vez online.

About Author

Santiago O'Donnell es el director general de Medio Extremo. Es editor jefe de internacionales en Página 12. Y autor de tres libros: ArgenLeaks, Politileaks y Derechos Humanos® La historia del CELS. Antes de MX, trabajó en Los Angeles Times, The Washington Post y La Nación. Escribile a contacto@medioextremo.com

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