Garrido en Politileaks

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

 

No se trata de un cable cualquiera: fechado en mayo de 2009, informa sobre la ineficacia de los organismos gu­bernamentales encargados de controlar la corrupción en la Argentina. Lo hace tomando como ejemplo una serie de transacciones y negocios del círculo íntimo de matrimonio presidencial. El cable concluye que esas actividades llamati­vas o sospechosas del entorno presidencial no habían sido investigadas a fondo debido a la carencia de un sistema de justicia penal, civil y administrativa lo suficientemente au­tónomo y transparente como para llevar adelante investiga­ciones sensibles de poderosas figuras del kirchnerismo. El cable, firmado por quien en ese momento era el número dos de la embajada, Tom Kelly, empieza de la siguiente forma:

Resumen: las recientes medidas tomadas por el gobier­no de la Argentina (GDA) socavan la independencia y la eficacia de las agencias argentinas con jurisdicción sobre casos de corrupción. A principios de marzo re­nunció Manuel Garrido, fiscal general de la Argentina para casos de corrupción, alegando frustración por las supuestas limitaciones impuestas a su autoridad por el fiscal general, Esteban Righi. Desde finales de 2008 hasta febrero de 2009, el jefe de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, se pronun­ció públicamente en contra de lo que él, la prensa y la oposición caracterizaron como un intento del GDA de limitar su ámbito de competencia. Tanto Garrido como Despouy han investigado e informado públicamente ha­llazgos que implican irregularidades por parte de fun­cionarios kirchneristas y aliados. El presidente Kirchner designó a un amigo de la familia, Julio Vitobello, al frente de la Oficina Anticorrupción (OA) y a otro aliado, Carlos Pacios, para reemplazar a Vitobello en la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). En el caso de Santa Cruz, la provincia de los Kirchner, una sobrina de Kirchner está a cargo de la “investigación” sobre las cuestionables transacciones de tierras que involucran a los Kirchner y su círculo. Estos hechos apuntan a un marco institucional débil y empobrecido para los inten­tos intermitentes de combatir la corrupción pública en la Argentina. Fin de resumen.

La primera parte del cable está dedicada a la renuncia de Garrido, actual diputado por la Unión Cívica Radical (UCR). Garrido renunció a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en 2009, luego de haberla encabe­zado durante cinco años, con una dura carta pública en la que acusaba a Righi y al gobierno de no dejarlo hacer su trabajo. Garrido anunció que su dimisión era una con­secuencia directa de un decreto de Righi que limitaba la competencia de la FIA a las denuncias penales iniciadas por esa fiscalía, lo que para Garrido equivalía a destruir la independencia del organismo, ya que tenía el efecto de apartar a la fiscalía de los casos más resonantes del mo­mento. El autor de cable destaca que Garrido fue el fiscal que más investigó a los pesos pesados del kirchnerismo, pero advierte que renunció sin haber conseguido una sola condena. La primera llegaría tres años y medio después de la renuncia de Garrido, en diciembre de 2012, cuando Felisa Miceli, la ex ministra de Economía, fue sentencia­da a cuatro años de prisión por encubrimiento agravado. Otro de los funcionarios investigados por Garrido, Ricar­do Jaime, tiene abiertos más de veinte procesos judiciales y en septiembre de 2013 fue condenado a seis meses en suspenso por ocultamiento de pruebas.

Garrido se había distinguido como el fiscal que pre­sentó o hizo avanzar los casos de corrupción que in­volucran a los funcionarios más encumbrados de la administración. Garrido tuvo un papel importante en los siguientes casos: la supuesta manipulación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) por parte del secretario de Comercio Interior, Gui­llermo Moreno; las acusaciones de corrupción en el caso Skanska; la bolsa de dinero que se encontró en la oficina de la entonces ministra de Economía, Felisa Miceli; el presunto enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner y, por separado, del ex negociador de la deu­da, Daniel Marx; el sobreprecio de los contratos públi­cos de obras; la instalación de cables de electricidad en el sur de la Argentina por parte de Electroingeniería, una compañía con estrechos vínculos con los Kirchner que emplea al hijo del ministro de Planificación, De Vido; el manejo por parte del gobierno de la Argen­tina de la publicidad oficial a través del secretario de Prensa, Enrique Albistur; las reparaciones de trenes del secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el proceso de decisión para el otorgamiento de concesiones de autopistas. Informes de prensa señalaron, sin embargo, que a pesar de que Garrido ha puesto en marcha más de un centenar de investigaciones en cinco años (en comparación con cuatro investigaciones en nueve años realizadas por su predecesor), no obtuvo ninguna condena durante su mandato.

A continuación, se mencionan algunos apoyos que Ga­rrido recibió de políticos opositores y miembros de la so­ciedad civil —entre ellos, el presidente de la UCR, Ernes­to Sanz, y los diputados opositores Adrián Pérez y Laura Alonso— luego de su renuncia y tras el descargo de Este­ban Righi, quien acusó al fiscal renunciante de presentar denuncias “prematuras” y “pobremente documentadas” pero de “alto impacto publicitario”.

Bajo el subtítulo “Disparos de despedida”, el cable sigue con una enumeración de las últimas denuncias que Garri­do había presentado antes de dimitir. Coviares, una de las empresas mencionadas, fue noticia en julio de 2013, cuando el gobierno bonaerense le rescindió la concesión de la auto­pista Buenos Aires-La Plata citando, entre otros causales, “irregularidades en los estados contables y en la situación patrimonial y financiera de la empresa”.

Antes de renunciar, Garrido presentó varias denuncias criminales que involucran a funcionarios del gobierno argentino. Una de ellas acusa a Claudio Uberti, el ex regulador de autopistas que fue despedido en el escándalo del “Valijagate”, y a Gustavo Simeonoff, del Ministerio de Planificación, por irregularidades administrativas y presunta colusión en la negociación de contratos con la empresa constructora de autopistas Coviares. Los otros dos casos acusan al Ejecutivo de irregularidades en la gestión del financiamiento de las campañas —específicamente en relación con la difusión de actos políticos en una red privada de televisión por cable usando fondos públicos— y de presuntas irregularidades en otra concesión de la autopista con la empresa Caminos del Valle S.A. Garrido presentó la denuncia de financiamiento de campañas ante la Cámara Nacional Electoral. Garrido también presentó una denuncia penal por sobreprecios en un proyecto de cableado eléctrico a cargo de Electroingeniería, una compañía con estrechos vínculos con el gobierno de Kirchner.

El cable continua con los presuntos intentos del gobierno de desplazar de su cargo al titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, nombrado por la oposición como titular de ese organismo de control que depende del Congreso, puesto en el que aún permanece.

La AGN se encuentra en el centro de un segundo conjunto de debates sobre las voces independientes en la estructura del gobierno argentino. La prensa dio una importante cobertura a una pelea a gritos en una reunión pública de la junta directiva de la AGN en febrero. El Congreso creó la AGN para ser dirigida por alguien, en la actualidad Leandro Despouy, nombrado por la oposición para auditar al GDA. En la reunión de febrero, Despouy frustró los esfuerzos de los aliados de Kirchner para limitar su autoridad en el establecimiento de la agenda de la AGN y para impedir la publicación de los informes de la agencia. Despouy señaló que ni un solo informe AGN había sido refutado en los siete años que llevaba a cargo de la agencia, pero advirtió que la AGN estaba en riesgo de perder su credibilidad como le había sucedido, según él, a la controvertida agencia de estadísticas del gobierno argentino (INDEC). Identificó el informe de la AGN sobre sobreprecios en un proyecto de obra pública adjudicado a Electroingeniería como el factor principal que provocó la movida del gobierno argentino para desplazarlo. El informe fue publicado en la página web de la AGN el 3 de diciembre de 2008, después de ser aprobado y firmado por los siete auditores generales en la Resolución 199/08-AGN y después de ser presentado ante el Congreso. Pero se retiró en enero, cuando el gobierno de la Argentina negó su existencia y contenido. El 10 de febrero, “Clarín” publicó una opinión escrita por Despouy en la que defendió el historial de la AGN y llamó la atención sobre el ataque del gobierno a la transparencia, representado por su intento de limitar la publicación de los informes de la AGN. El informe de la AGN sobre Electroingeniería se volvió a publicar en la página web y a principios de mayo de 2009 seguía disponible.

Después de hablar de Garrido y Despouy, el autor del cable critica los nombramientos de los funcionarios kirchneristas Julio Vitobello y Carlos Pacios para dirigir —y planchar— la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, respectivamente. Después, el despacho diplomático dirige su atención hacia la Patagonia para hablar de los negocios de la familia Kirchner en Santa Cruz. Ahí es donde aparece mencionado Lázaro Báez, junto con otros empresarios cercanos al  matrimonio presidencial. El subtítulo de la sección reboza de ironía: “Juegos inmobi­liarios: todo queda en familia”.

En Santa Cruz, la provincia de los Kirchner, la investigación de un caso contra miembros de la administración y sus aliados en el sector empresarial permanece estancada. El caso se centra en la venta preferencial de grandes propiedades a unos cincuenta altos funcionarios del gobierno, incluyendo a los Kirchner, y a empresarios pro gobierno durante los últimos años del mandato de Néstor Méndez, el alcalde de El Calafate entre 1995 y 2007. La investigación está en manos de la fiscal Natalia Mercado, que es la hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y sobrina del ex presidente Néstor Kirchner. El caso se inició con una denuncia formal presentada por el líder de la UCR local y ex candidato a alcalde, Álvaro de Lamadrid, y se centra en la adquisición de terrenos municipales por los Kirchner y allegados, entre ellos Rudy Ulloa, Lázaro Báez, Carlos Sancho, Fulvio Madaro, la mismísima Natalia Mercado, Romina Mercado, Julio Ciurca y Ricardo Etchegaray. Néstor Kirchner supuestamente ha revendido dos hectáreas (20 mil metros cuadrados) a un grupo inversor chileno por dos millones de dólares, cuarenta veces lo que pagó menos de dos años antes. Lamadrid también alega que el municipio promueve una política de obras públicas destinadas a beneficiar a los propietarios de tierras VIP. Méndez se encuentra en el centro del caso, acusado de abuso de autoridad y tráfico de influencias. Ahora diputado provincial por el Frente para la Victoria (FPV), Méndez insiste en que las ventas fueron legítimas.

El comentario final del cable diplomático no llega a decir que el gobierno de los Kirchner es corrupto pero enume­ra ejemplos de las “debilidades evidentes en componentes clave de la arquitectura anticorrupción en la Argentina”. Y cierra diciendo que sobran razones para incluir a la Argen­tina en la lista negra de Transparencia Internacional.

 

Comentario: Los escándalos de corrupción de la Argentina con frecuencia hacen mucho ruido al principio, sólo para disiparse en el olvido debido al lánguido ritmo de las “investigaciones” y al interminable ping-pong jurídico al que son sometidas. Según la ONG local Centro para el Estudio y la Prevención de los Delitos Económicos, los casos de corrupción en la Argentina tardan catorce años, en promedio, en resolverse y sólo 15 de los 750 casos juzgados dieron lugar a condenas. En la FIA, Garrido mantuvo un nivel frenético de actividad en el lanzamiento de más de cien investigaciones, pero no obtuvo una sola condena en más de cinco años. En la AGN, Despouy obtiene altas calificaciones por el mantenimiento de altos estándares de integridad, pero persisten los cuestionamientos en cuanto a la eficacia y el impacto de la AGN. En la OA, la amigable camaradería de Vitobello con los Kirchner sugiere un conflicto de interés, al igual que la decisión de la Corte en Santa Cruz de que la sobrina de los Kirchner investigue cuestionables transacciones de tierras. Deficiencias evidentes en los componentes clave de la arquitectura anticorrupción de la Argentina apuntan a un marco institucional castrado, incapaz de proporcionar controles y equilibrios necesarios. Por estas y otras razones, a mediados de abril, Transparency International volvió a incluir a la Argentina entre los nueve países de la región que no han implementado prácticas anticorrupción establecidas. KELLY

 

 

Publicado el 30 de julio de 2015. 

 

 

Share.

About Author

Santiago O'Donnell es el director general de Medio Extremo. Es editor jefe de internacionales en Página 12. Y autor de tres libros: ArgenLeaks, Politileaks y Derechos Humanos® La historia del CELS. Antes de MX, trabajó en Los Angeles Times, The Washington Post y La Nación. Escribile a contacto@medioextremo.com

Leave A Reply