Agenda narco

 

Mejor no hablar de ciertas cosas decía Sumo, y menos en campaña electoral. Desde hace mucho se dice que en materia de narcotráfico la Argentina es un país de tránsito. Es cierto. Lo que no se dice tanto es que en los últimos años el tránsito, o mejor dicho la logística, ha reemplazado a la producción como eje del negocio.

En otras palabras, los que ahora mandan son los dueños de las rutas. A nivel mundial, los dueños de las rutas de la droga son los cárteles mexicanos. Ahora son ellos quienes les compran los cargamentos de cocaína y heroína a sus antiguos jefes, los narcos colombianos, para trasladarlos a Estados Unidos, Europa y el resto del mundo, donde se la venden a las mafias locales.

El cambio de mando en el mundo de la droga es consecuencia directa de las crecientes dificultades para introducir la droga, especialmente en Estados Unidos, el principal consumidor mundial. En los últimos 30 años los narcos han pasado del uso de aviones y lanchas rápidas partiendo de islas del Caribe, a la utilización de vías terrestres y grandes túneles en la frontera mexicana, a la adquisición de una flota de submarinos para subir cargamentos por la costa de California o el Golfo de México.

En Europa también hubo cambios desde que los mexicanos asumieron el control como consecuencia del proceso de integración regional en el Viejo Continente. Si bien los cargamentos siguen saliendo por mar desde Colombia, Brasil y, en menor medida, la Argentina, los narcos han adoptado la estrategia de triangular la mercadería utilizando pequeños países africanos como Guinea Bissau, para aprovechar el libre acceso de los productos de esos países al mercado común de la Unión Europeo por su condición de ex colonias.

Además de asegurarse las rutas a los principales centros de consumo, los narcos mexicanos se han puesto a la cabeza de la elaboración de drogas sintéticas como el crank o  cristal (metaanfetamina), que en los últimos años ha invadido el mercado estadounidense y el europeo. Con la introducción de estos nuevos productos, el objetivo de los narcos mexicanos es no depender más de los países productores, ya que la droga sintética puede fabricarse en la bañadera de un baño ubicado en el mismo lugar donde existe la demanda.

Estos cambios a nivel mundial han repercutido en la Argentina en forma de dos fenómenos muy nocivos para la sociedad.

El primero, la violencia inédita que ha causado el negocio en estos últimos años, que ya se cobró un triple fusilamiento vinculado a un laboratorio de narcos mexicanos y varias ejecuciones de narcos colombianos, además de decenas de muertes por guerras territoriales de bandas argentinas.

El otro fenómeno es la aparición de un asesino silencioso que se propaga desde los barrios más humildes a los hogares de clase media: la epidemia del paco.

Para entender cómo esos fenómenos llegaron a la Argentina es necesario sincerarse con respecto al lugar que la Argentina históricamente ocupó en el mapa de las drogas. Acá los narcos manejan desde hace tiempo básicamente tres negocios: el traslado, el lavado y la provisión de las sustancias químicas que hacen falta para fabricar las drogas. O si se quiere cuatro, sumando el negocio de la provisión del mercado interno. Pero en la escala de lo que se viene hablando, ése es un negocio menor.

Con respecto al traslado, los expertos coinciden en que la Argentina es el mayor proveedor de cocaína de Australia y Sudáfrica y, como se dijo, un proveedor secundario pero no menor del mercado europeo. Por supuesto que no se trata de cocaína fabricada acá sino traída desde Bolivia, aunque en muchos casos termina de procesarse dentro del país. Esa cocaína sale de puertos argentinos: Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Zárate-Campana y los pesqueros de la Patagonia. Esto es una obviedad: Argentina comparte amplias y porosas fronteras con uno de los únicos tres países del mundo que producen cocaína y una amplia e igualmente descuidada frontera marítima que conecta a los países productores de cocaína (además de Bolivia, Perú y Colombia)  con Africa y el sur de Europa.

Durante el gobierno de Menem, como parte de las relaciones carnales, la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA) ocasionalmente entregaba algún cargamento comprado por sus agentes encubiertos: la “compra controlada” es una de la herramientas preferidas de la DEA. Les servían los operativos en bandeja a sus jefes preferidos en las fuerzas de seguridad argentinas, para que se lucieran en los grandes titulares y en el prime time. Mientras tanto, muy cerca del poder abrían un kiosco que estalló en el Yomagate.

En las elecciones del 2004 apareció como candidato a vicepresidente de Menem el entonces gobernador de Salta, Juan Carlos Romero. Además de ser una importante figura del peronismo, Juan Carlos es el heredero político y económico de su padre, Roberto Romero, también ex gobernador de Salta y sujeto de al menos tres investigaciones de la DEA. Según documentos desclasificados por el organismo en el 2003 a pedido del periodista Rafael Saralegui, la organización de Romero padre utilizaba pistas secretas y empresas estatales para mover grandes cargamentos a Europa, Australia y Sudáfrica.

En los tiempos de Romero padre la cocaína que pasaba por la Argentina era propiedad de las familias narco de Santa Cruz de la Sierra. Pero como dijo el zar antidroga boliviano en una entrevista con este cronista, el negocio se transnacionalizó y se ha detectado la presencia de narcos mexicanos en el país y éstos han puesto gerentes colombianos y peruanos al frente del negocio.

Con respecto al lavado, por la falta de controles financieros, la simbiosis con el paraíso fiscal uruguayo y la distancia de las grandes capitales financieras, históricamente este país ha sido un destino elegido para blanquear bienes, y los narcos no han escapado a la tendencia.

Quizás el caso más conocido es el de Amadeo Juncadella, quien fuera dueño de una cadena internacional de empresas de transporte de caudales y agencias de seguridad, Juncadella-Prosegur. El empresario hoy retirado fue vinculado en documentos de la DEA y de la justicia estadounidense con el lavado de dinero del Cartel de Medellín en la década del ’80. Los documentos de la DEA que involucran a Juncadella lo relacionan con su ex empleado Alfredo Yabrán, que hasta su muerte en 1998 controló medio Ezeiza, medio Aeroparque, empresas de transporte, agencias de seguridad y el correo privado Oca.

Después llegó el capo del Cartel del Golfo mexicano, Amado Carrillo Fuentes, para hacer inversiones de la mano de Aldo Ducler. A través de su financiera Mercado Abierto, en 1996 Ducler facilitó la colocación en el exterior de cientos de millones de dólares que el entonces gobernador Néstor Kirchner realízó a cuenta de su provincia con dinero de regalías petroleras. Al año siguiente, una investigación del Servicio de Aduanas de Estados Unidos determino que Armado Carrillo Fuentes, también conocido como “El Señor de los Cielos”, “transfirió por lo menos 11,6 millones de dólares a la Argentina a través de una cuenta del Citibank en Nueva York perteneciente a Mercado Abierto.” Por esa maniobra Mercado Abierto debió pagar una multa de cerca de un millón de dólares.  Ducler fue el financista de la frustrada campaña presidencial de Palito Ortega en 1999 y antes había acompañado al cantaautor como principal asesor financero durante sus dos períodos como gobernador de Tucumán. Según el ex jefe de Interpol en México, Juan Ponce Edmonson, en libros contables confiscados al “Señor de los Cielos” figura un aporte de U$S 210 mil a la campaña Duhalde-Ortega en las elecciones de 1999.  Ducler también fue socio del ex gobernador de Chaco, Jorge Capitanich en un emprendimiento agropecuario hasta que el entonces jefe de Gabinete de Eduardo Duhalde se desprendió de su parte del negocio en el 2002, cuando se hizo conocido el vínculo entre el alto funcionario y el notorio presunto narcolavador.

En el 2001 el senado estadounidense acusó de lavador al banquero mendocino Raúl Moneta. Según un informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de los Estados Unidos, a través del Federal Bank, Moneta realizó  triangulaciones con Mercado Abierto, de Aldo Ducler, en un caso para reciclar dinero del narcotráfico y en otro para transferir, hasta donde pudo ser probado, un millón de dólares proveniente de coimas. Moneta reapareció en el kirchnerismo como propietario de medios afines al oficialismo y como presunto testaferro en la presunta maniobra del presidente Amado Boudou para apoderarse de la firma Ciccone Calcográfica, especializada en impresión monetaria y fuertemente endeudada con Yabrán en la década de noventa, con quien la imprenta entonces compartía varios negocios estatales, incluyendo la impresión de pasaportes, cédulas de identidad y chapas patente de automóviles.

Antes de dedicarse de lleno a la política De la Rúa fue abogado de Ocasa, empresa de logística perteneciente a Yabrán. En su carta de despedida antes de suicidarse, Yabrán nombró como su sucesor a “H.C.”, Héctor Colella, quien a su vez fue recibido meses después por De la Rúa en audiencia privada de la Casa Rosada a poco de asumir. Colella también recibió el abrazo del papa en la Plaza San Pedro pocas horas después de que Jorge Bergoglio se convirtiera en Francisco.

Yabrán manejaba rutas, transporte, entrada y salida de mercaderías: era el rey del tránsito en el país del tránsito.  Poco antes de matarse,  transfirió sus empresas a un fondo inversor con sede en las Islas Caimán llamado Grupo Exxel, encabezado por el ex Juncadella Juan Navarro. Se trata del mismo grupo inversor que poco tiempo antes había adquirido la cadena de tiendas Casa Tía. Al frente de Casa Tía estaba Francisco de Narváez, financista de la campaña Menem-Romero en 2003 y propietario de un celular que registró en 2008 llamadas del narco mexicano Mario Segovia, apodado “el rey de la efedrina”. Ahora De Narváez está con Sergio Massa, a quien Lilita Carrió acusa de “relación con el narcotráfico” a raíz de una carta encontrada en la computadora de un narco colombiano diciendo que “el alcalde de Tigre” le había avisado que su casa sería allanada.

Con respecto a los precursores, el tema no es tan complicado: como Bolivia prácticamente no tiene industria química, el éter, la acetona y el permanganato de potasio que se usan para fabricar la cocaína en ese país provienen de la Argentina, Brasil y Chile. En los años ’90, con la colaboración de la DEA, Bolivia selló la frontera al ingreso de los camiones que transportaban los precursores, pero no pudo impedir el contrabando hormiga de pasta base fronteras afuera, por lo que los laboratorios se trasladaron a la Argentina, Brasil y Chile. Con los excedentes del proceso de fabricar cocaína llenaron de paco a esos países y también al Uruguay.

Del mismo modo, cuando los cárteles mexicanos necesitaron efedrina y seudoefedrina china e hindú para aumentar su producción de crank, y como el gobierno mexicano empezó a controlar las importaciones desde esos proveedores, no encontraron mejor manera de ingresarlo que a través de triangulaciones con la Argentina. Acá, una pujante industria farmacéutica servía de pantalla perfecta, mientras la laxitud de los controles aduaneros facilitaba la operación. Esa triangulación, que alcanzó trece toneladas  en 2008, se cerró ese año con la firma de dos decretos presidenciales que frenaron en seco las importaciones y exportaciones de efedrina y pseudoefedrina.

Más allá de las excepciones ya apuntadas, normalmente la DEA no se interesa mucho por lo que sucede en la Argentina. No porque no esté presente el narcotráfico, sino porque lo que pasa acá no tiene mucha incidencia en los Estados Unidos. Los cargamentos tienen otro destino, el dinero lavado muchas veces viene de otro lado y los precursores que sirven para fabricar droga que también se venden lejos de Estados Unidos. Y como la DEA de algún modo marca la agenda mediática del narcotráfico internacional, a veces parece que acá no pasa nada.

Ante el espasmódico interés de la DEA y la discreción de los narcos argentinos –empresarios, abogados, políticos, autoridades aduaneras y funcionarios judiciales y policiales que se jactan de jamás tocar los cargamentos–, los sucesivos gobiernos de este país han mostrado escasa voluntad, o capacidad, para desbaratar el negocio.

Tan escasa que los dos problemas que más impactan en la sociedad, el del paco y el de la violencia, derivan del negocio que en apariencia es el más fácil de cerrar: el de la venta ilegal de precursores.

En efecto, controlar la producción y comercialización de efedrina, éter, acetona y permanganato de potasio es mucho más simple que infiltrar las mafias de los puertos y del transporte de larga distancia, o descifrar la contabilidad paralela de algunos bancos con sucursales off shore. Ni hablar de la maraña político-policial que ampara a los distribuidores locales.

Desde hace años el control de los precursores recae en la Sedronar, la secretaría de lucha contra la drogadicción, un organismo de presupuesto mínimo básicamente dedicado a la rehabilitación de adictos.

Más aún, el método que emplea el Estado para supuestamente controlar los precursores parece diseñado a propósito para que no se controle nada. Se prepara un registro que incluye decenas de sustancias que podrían servir de precursores para todas las drogas ilegales imaginables, incluyendo productos de uso diario como el alcohol etílico y el kerosene.  Se empadrona a las empresas que fabrican o comercian esas sustancias, hasta llegar a un número que ya supera las trece mil empresas. Se obliga a esas trece mil empresas a llenar formularios por cada transacción que involucre a alguna de esas sustancias. Se inunda el archivo del Sedronar con esas planillas. Se pide a un grupúsculo de inspectores que revise las planillas y se da por terminado el trabajo. En vez de apuntarles a las 100 o 200 empresas que producen un altísimo porcentaje de los productos que necesitan los narcos que operan en el mercado local, o arrancar con las empresas que tienen causas judiciales porque se les registraron desvíos, todo queda envuelto en una gigantesca maraña burocrática que garantiza los resultados nulos que la secretaría viene obteniendo desde que se hizo cargo del asunto. Desde la creación del registro durante el primer gobierno de Menem  el único avance significativo ha sido que en vez usar planillas de papel, durante el actual gobierno el registro se informatizó y los movimientos de mercaderías se pueden informar online. Pero es tal la laxitud del control que no cumplir no acarrea ninguna multa o sanción. La página web del registro sólo habla de “riesgos” (“Narcotrafico, Robo y/o Contrabando, Falsificación  y/o Adulteración”)  y “beneficios” (“Evitar desviación de sustancias…Garantizar la calidad y seguridad de los productos…Control en tiempo real del volumen de transacciones…”)

En juinio del 2009 un grupo de expertos convocados por el Ministerio del Interior para mejorar las políticas públicas vinculadas al narcotráfico y la drogadicción, propuso el traslado del registro de precursores al instituto que controla los medicamentos en el Ministerio de Salud, el Anmat.  Aunque lo ideal sería que se ocupara del tema un organismo de seguridad especializado, la recomendación de los expertos era un reconocimiento que esos organismos en la Argentina no son confiables. O sea, las fuerzas de seguridad federales  no sólo no son confiables por su presunta connivencia con el narcotráfico sino también por su probada complicidad con el crimen organizado en  otras actividades ilegales como el juego y la prostitución. En cambio el Anmat es un organismo técnico dotado y respetado, compuesto por funcionarios y especialistas de carrera, del cual no se conocen grandes casos de corrupción.

Pero la propuesta no prosperó y el comité de expertos se disolvió.

No sería la primera ni la última vez que un funcionario o especialista bienintencionado intentó sacar el registro de precursores de la Sedronar. El ex jefe de la DEA en Buenos Aires Abel Reynoso lo quiso hacer en los noventa, pero tocó intereses poderosos y tuvo que irse del país. Hasta ahora siempre ganó el lobby de los narcos. Los traficantes de efedrina ejecutados en el triple crimen de General Rodríguez hace seis años habían contribuido generosamente a las campañas del oficialismo.

Por todo eso mejor no hablar de ciertas cosas, diría Sumo. No porque todos seamos narcos, que no lo somos, ni porque no sea un tema de interés para las madres del paco, las víctimas de la violencia y la sociedad en general. El tema interesa y estamos en campaña pero los candidatos no hablan del tema porque hay demasiado dinero narco dando vueltas como para hacerlos callar.

 

Publicado el 23 de abril de 2015. 

 

 

About Author

Santiago O'Donnell es el director general de Medio Extremo. Es editor jefe de internacionales en Página 12. Y autor de tres libros: ArgenLeaks, Politileaks y Derechos Humanos® La historia del CELS. Antes de MX, trabajó en Los Angeles Times, The Washington Post y La Nación. Escribile a contacto@medioextremo.com

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