Parece que va en serio

 

Esta vez parece que van en serio. Después de varios intentos y dos negociaciones fracasadas a lo largo de medio siglo, la guerrilla más antigua  de América latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fundada en 1964, parece por fin dispuesta a deponer las armas. El proceso de paz que se lleva a cabo en la Habana bajo la veeduría de Cuba y Noruega atravesó esta semana su crisis más profunda, a punto tal que el gobierno se retiró de las negociaciones de manera un tanto intempestiva y los representantes de las FARC contestaron finjiendo sorpresa y diciendo que en principio no podían hacer nada para revertir la situación. Pero la misma crisis que puso en jaque al proceso terminó demostrando  que el camino recorrido  era demasiado importante como para echarse atrás y ambas partes, empujadas por los garantes internacionales del diálogo, encontraron el modo de reencauzar la situación.

Todo empezó cuando un general colombiano Rubén Darío Alzate y tres colaboradores, todos ellos vestidos de civil, fueron secuestrados el domingo pasado  por el bloque guerrillero “Iván Ríos” uno de los más autónomos y más ligados al narcotráfico dentro de las FARC, en el departamento de Chocó, cerca de la frontera con Panamá.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos reaccionó suspendiendo el proceso de paz por primera vez desde que se inició y dijo que no se reanudaría si los rehenes no eran liberados. Ante el plantón de la delegación oficial, los representantes en La Habana de la guerrilla liderada por Timoleón Jiménez “Timochenko” respondieron señalando no sin razón que el general había sido secuestrado en plena zona de conflicto y que desde el principio de las negociaciones las FARC viene proponiendo un cese de fuego bilateral pero el gobierno se niega. Es más, durante todo ese período varios líderes guerrilleros han sido capturados o muertos en combate sin que las FARC se retire de la negociación. Si bien es cierto que la guerrilla se había comprometido a suspender los secuestros extorsivos de civiles mientras se discute el acuerdo de paz, el compromiso claramente no incluía a militares operando en el campo de batalla.  En un comunicado en respuesta a la suspensión del diálogo las FARC dijeron que respetarían la vida del general y sus derechos como prisionero a recibir un trato digno, lo mismo que los demás rehenes, pero que no podían ordenar su liberación. Santos contestó que esperaba que la guerrilla recapacite y un coro de actores internacionales se sumó a la condena del secuestro y al pedido de liberación.

Santos acababa de llegar de una gira europea para vender el plan de paz, durante la cual la canciller alemana alemana Angela Merkel le había asegurado que la Unión Europea financiaría un millonario programa para reconvertir los cultivos de coca del interior colombiano utilizados en la producción de la cocaína que guerrilleros, paramilitares y narcoestancieros comercializan, a productos legales que permitan a los campesinos una entrada económica digna. Justamente el mes pasado los negociadores de la guerrilla y el gobierno habían cerrado un acuerdo para cambiar la política sobre el narcotráfico para poner el eje en los financistas y comercializadores de la droga en vez de los cultivadores y los consumidores, los eslabones más débiles y vulnerables de la cadena criminal.

El acuerdo sobre el narcotráfico había sido el tercero alcanzado en La Habana sobre seis puntos en disputa. Antes la partes se habían puesto de acuerdo sobre una reforma agraria y la reparación a las víctimas del conflicto (con la participación de las víctimas en la negociación).  Queda pendiente el modo de inserción de las FARC en la vida política colombiana, cómo se pone fin al conflicto (tregua, desarme y desmovilización) y el mecanismo para refrendar el acuerdo, ya sea por consulta popular o ley del Congreso.

Como se podrá apreciar era mucho lo que faltaba pero también era mucho lo que se había avanzado. Sobre todo después de 50 años de intentar el camino inverso, el de la lucha armada, a un precio de miles de muertos y centenares de miles de desplazados, con violaciones aberrantes a los derechos humanos de los dos lados, con la droga como combustible, con la ausencia del estados en vastas zonas del país donde la guerrilla se ha asentado como poder paralelo, con idas y vueltas en una guerra que lejos está de definir vencedores y vencidos.     

Al bode del abismo, tanto el gobierno de Juan Manuel Santos como el liderazgo de las Farc entendieron que ya están jugados, que no hay vuelta atrás. el miércoles las FARC anunciaron que liberarían al general y sus ayudantes sin condiciones y Santos aseguró que en cuanto eso sucediera se reanudaría el proceso de paz. Por estas horas ultiman los detalles para generar una zona de despeje donde los rehenes serán entregados a la Cruz Roja.

El pueblo colombiano emerge como el gran protagonista de esta consolidación de un proceso que por primera vez ilusiona con un paz posible y duradera. Por un lado apostó por la paz cuando reeligió a Santos en junio pasado contra un candidato mano dura que se oponía al acuerdo y prometía el aniquilamiento del enemigo, algo que difícilmente podría concretar. Por otro lado apostó por la paz al deslegitimar la lucha armada como una opción política viable para alcanzar el poder, al menos hoy y en un país medianamente desarrollado (y pertrechado) como Colombia. Una y otra vez, las encuestas han mostrado que actualmente al menos el 95 por ciento de los colombianos repudia las acciones de una guerrilla anacrónica y pasada de moda que se proclama marxista-leninista y sobrevive gracias a la extorsión, el tráfico de drogas y el reclutamiento voluntario o forzado de menores en las zonas más pobres del país, con secuestrados civiles y uniformados que llegaron a pasar años enteros deambulando engrillados en selvas, montañas y pantanos, mientras su captores escapan las balas del ejército.

 

Por todo eso, la paz que parecía poco menos que imposible dos años atrás, hoy,  superada esta crisis, emerge casi inevitable. Esta vez parece que va en serio. Ojalá.

 

 

Publicado el 21 de noviembre de 2014.

 

 

About Author

Santiago O'Donnell es el director general de Medio Extremo. Es editor jefe de internacionales en Página 12. Y autor de tres libros: ArgenLeaks, Politileaks y Derechos Humanos® La historia del CELS. Antes de MX, trabajó en Los Angeles Times, The Washington Post y La Nación. Escribile a contacto@medioextremo.com

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