Justicia universal

Todavía no se escribió esta historia que apenas comienza pero no va a ser fácil que salga bien.

Parece un batalla perdida de antemano, no sólo porque la disparidad de fuerzas es tan grande, sino porque la mano viene así desde hace mucho tiempo, desde el inicio mismo del movimiento mundial por los derechos humanos después del genocidio nazi. Desde entonces, sólo los débiles y los derrotados pagan culpas, mientras los poderosos gozan de la impunidad que su propia fuerza les da. Sin embargo…

Esta historia empieza el martes pasado, cuando un juez federal de España tachó de inconstitucional a una ley que prohíbe la aplicación de la llamada “doctrina de justicia universal.” Dicha doctrina representa uno de los avances más importantes del derecho internacional de las últimas décadas. Dice que un país tiene la obligación juzgar crímenes atroces cometidos en otros países, si es que en esos países no están dadas las condiciones para hacer los juicios. El martes, el magistrado Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional firmó un escrito en el que deja constancia que seguirá investigando el genocidio de doscientos mil mayas guatemaltecos por más que una ley le ordene archivar la causa que tramita en su juzgado y olvidarse de mayas. El juez escribió que esa ley, aprobada hace dos meses en soledad y a las apuradas por el oficialismo conservador, está “viciada de incosntitucionalidad”.

Lo que no dijo, pero no hacía falta, es que la ley se había aprobado bajo una fuerte presión diplomática de China, y que el verdadero objetivo de la ley era forzar el archivo de una causa por genocidio en el Tíbet.  Tres semanas antes de la aprobación de la ley, la justicia española había librado una orden de captura internacional contra el ex premier chino Jiang Zemin por su responsabilidad en la persecución y muerte de miles de tibetanos en las décadas de los  80 y 90. China, a través de sus más altos voceros, contestó que el fallo era absurdo e inaceptable, y advirtió al gobierno español que las relaciones bilaterales corrían serios riesgos si no se arreglaba la situación. Entonces el gobierno de Mariano Rajoy apuró una ley salteando varios pasos parlamentarios para complacer al gigante asiático, tenedor del 20 por ciento de la deuda externa española.

No es la primera vez que pasa. La vieja ley española de justicia universal de 1985 fue modificada por primera vez en el 2009, semanas después de que un juez de la Audiencia Nacional abriera una investigación por un ataque israelí contra civiles palestinos en la Franja de Gaza. La presión israelí logró una modificación que dice que los jueces sólo podrán investigar casos en los que existan víctimas españolas o en los que el responsable del delito se encuentre en territorio español.

La reforma del 2009, un texto de apenas cuatro párrafos, fue suficiente para forzar el archivo de la causa contra Israel, pero otras siguieron adelante. Como la investigación por la muerte de un camarógrafo español durante la guerra Irak, por la cual fueron acusados un grupo de soldados estadounidenses que su gobierno no entrega:  Washington desconoce el principio de justicia universal y se niega a firmar los tratados internacionales que lo sostienen.  También siguió abierta  la investigación del genocidio en Tíbet porque uno de los monjes denunciantes es de origen español. En noviembre delaño pasado,  cuatro altos jerarcas de Partido Comunista Chino habían sido imputados en España, ante las protestas indignadas de Beijing.

Entonces llegó la segunda reforma, la de hace dos meses, apurada tras el pedido de captura contra Jiang Zemin, mucho más detallada y exigente que la anterior. La nueva ley se desglosa crimen por crimen: genocidio, delito de lesa humanidad, narcotráfico, terrorismo, asesinato o tortura, entre otros, cada cual con distintos requisitos para que el caso sea aceptado por la justicia española. Según la nueva ley, ya no alcanza con que una de las víctimas sea de esa nacionalidad.

El martes pasado juez Pedraz señaló tres instancias concretas en que la nueva reforma a la ley de justicia universal violaría la carta magna española. Primero, la reforma violaría tratados internacionales de derechos humanos firmados por España, empezando por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Según la constitución, esos tratados tienen rango constitucional y están por encima de las leyes que pueda dictar el Congreso español. Segundo, la reforma no respetaría el principio constitucional de igualdad de trato de las víctimas, ya que sus derechos varían según la tipificación del delito sufrido. Tercero, la obligación de archivar las causas en trámite que ordena la reforma violaría garantías procesales contempladas por la constitución.

La noticia no pasó desapercibida en un país que se jacta y con razón de ser pionero en la aplicación de la doctrina de justicia universal y que tiene en su haber la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Gran Bretaña en 1998 por orden del entonces juez de la Audiencia Nacional española Baltazar Garzón . “El juez Pedraz ve inconstitucional la ley de justicia universal” tituló en tapa el diario El País de Madrid. El mismo juez Pedraz  ya había llamado la atención de los medios españoles en marzo pasado cuando se había negado a cerrar la causa de José Couso, el camarógrafo español que murió en Irak. Esa vez había argumentado que en el caso de Couso, la nueva ley que limita la justicia universal estaría violando la Convención de Ginebra sobre protección de civiles en tiempos de guerra. Pero no había llegado a tachar a la ley de inconstitucional, como sí hizo esta semana para defender su investigación del genocidio maya en la segunda mitad del siglo veinte.

Pedraz no está solo. Otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, mantiene abierta la causa por la muerte del teólogo de la liberación español Ignacio Ellacuría, asesinado por el ejérctio en  El Salvador en 1989 junto a un grupo de jesuitas salvadoreños. A su vez, el juez que lleva la causa por el genocidio tibetano, Ismael Moreno, también ha desafiado la nueva ley al elevar el expediente a la Sala de Apelaciones en lo Penal, para que decida si se archiva o no la causa. Según El País, los jueces de la Audiencia Nacional se han rebelado en contra la nueva ley y buscan cualquier resquicio para eludirla.

Pero la rebelión de los jueces españoles, si es que existe, puede terminar siendo apenas un grito en el desierto.  Es que, vamos, la doctrina de justicia universal no siempre ha funcionado como había sido pensada. Más que  un instrumento legal universal al servicio de la equidad y el bien común, en la práctica ha servido para que tribunales europeos nacionales e internacionales persigan y ocasionalmente metan presos a dictadores y genocidas del tercer mundo.  O sea, sirve para juzgar a asesinos latinoamericanos y africanos pero no para asesinos chinos, rusos, estadounidenses o israelíes.

Y no se trata de un tema menor, por más que muchos prefieran ignorarlo porque no lo pueden cambiar. Es cierto que es mejor perseguir a los genocidas del tercer mundo que no perseguir a ningún genocida, pero no lo es menos que cualquier acto de justicia debe partir del principio de igualdad ante la ley. Por más que protesten los jueces españoles, por más que pataleen las organizaciones de derechos humanos, la aplicación despareja del la doctrina de justicia universal, como se ha dado hasta ahora, no es ni justa ni universal, sino una versión hipócrita y apenas disfrazada de la vieja ley de la selva, donde la razón de la fuerza se impone a la fuerza de la razón.

Publicado el 24 de mayo de 2014.

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Santiago O'Donnell es el director general de Medio Extremo. Es editor jefe de internacionales en Página 12. Y autor de tres libros: ArgenLeaks, Politileaks y Derechos Humanos® La historia del CELS. Antes de MX, trabajó en Los Angeles Times, The Washington Post y La Nación. Escribile a contacto@medioextremo.com

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